Aval a tarifazo de agua de hasta un 375% en Capital y conurbano

Quedaron ratificadas las subas luego del rechazo de una medida cautelar planteada por una asociación de consumidores. Impacta en 18 municipios.

Subas. La Subsecretaría de Recursos Hídricos que resolvió el aumento depende del ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio una buena noticia al Gobierno al filo de la feria judicial de enero y confirmó el aumento en la tarifa de agua que rige desde abril pasado en la Ciudad de Buenos Aires y en 18 municipios del conurbano. La suba quedó plasmada ante el rechazo del planteo de una asociación de consumidores contra AySA y el Estado Nacional, que había solicitado frenar el incremento. Implica un triunfo para la Casa Rosada que logró centralizar las demandas en el fuero capitalino y así evitar un revés en una acción colectiva como sucedió en el caso del gas. Usuarios que iniciaron cautelares de manera independiente lograron detener los aumentos, pero sólo aplicable a casos particulares.

La resolución fue adoptada por la Sala II de la Cámara que a su vez confirmó el fallo del juez Pablo Cayssials que había rechazado una medida cautelar colectiva interpuesta por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC). De esta manera, quedó ratificado el aumento de entre el 200% y el 375% al quedar firme la vigencia de la resolución 62/2016 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, esto es la constitucionalidad o no del aumento.

La causa comenzó con la presentación de una acción colectiva por parte de ADUC contra Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AYSA SA), y el Estado nacional para que se dicte una medida cautelar que suspenda el aumento, se retome el cuadro tarifario anterior y que la empresa devuelva lo cobrado de más. También se pidió el dictado de la inconstitucionalidad del incremento. Como en otros casos vinculados al tarifazo, los tribunales fueron sembrados de amparos la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC) inició una acción en el juzgado de San Martín, a cargo de Martina Forns, luego de que la intendente de La Matanza, Verónica Magario, hubiera logrado la suspensión de las subas.

Pero ahora, la medida adoptada por el fuero contencioso administrativo Federal (de buena relación con el Gobierno) es para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, 3 de Febrero, Tigre, Vicente López, Escobar y San Martín. Como en los otros casos, la asociación demandante argumentó que no se respetó el artículo 42 de la Constitución Nacional que señala que antes de un aumento de un servicio público se debe garantizar la participación de asociaciones de consumidores y usuarios. ADUC dijo que eso no se hizo porque no se llamó a audiencia pública.

La Justicia rechazó el planteo al señalar que "no se advierte de modo manifiesto, la ilegitimidad ni la arbitrariedad de la disposición impugnada", según los camaristas José Luis López Castiñeira, Luis Márquez y María Caputi. De esta forma, dio un guiño sobre lo que puede llegar a considerar acerca del fondo de la cuestión. La Cámara advirtió que ADUC integra junto con otras entidades la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en la que se discutió el aumento de la tarifa de agua. Según surge del fallo, ERAS participó de reuniones y de las discusiones sobre el incremento que se dispuso.

"Por ser ello así, no se vislumbra la vulneración de los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores alegada por la recurrente, en tanto el aumento tarifario fue dispuesto, previa intervención, precisamente, de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, plasmada a través de la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento", sostuvo el fallo. En cambio, para ADUC esa discusión no reemplaza la audiencia pública, y a pesar de la medida cautelar que fue rechazada, la asociación espera el dictado de la inconstitucionalidad del aumento y no descartó acudir a la Corte Suprema para que se revise la decisión. Hasta ahora, contra el aumento menos visibilizado de los servicios públicos dispuestos por el Ejecutivo, el del agua sólo cosechó fallos parciales y por presentaciones de particulares que sólo se aplicaron para su caso.