Sin embargo, se conoció un "resumen" de la propuesta de reforma. Dos senadores que integran el llamado Grupo de los 8, el demócrata Charles Schumer y el republicano John McCain (excandidato presidencial), fueron recibidos ayer en la Casa Blanca por Obama, a quien le detallaron el proyecto.
El proyecto propone la legalización de los 11 millones de indocumentados, estará directamente ligado a avances en la seguridad fronteriza, para la que han diseñado una "estrategia" a la que pretenden destinar hasta u$s 4.500 millones. El plan plantea además la contratación de 3.500 agentes de aduanas adicionales. Sólo cuando se "certifiquen" avances concretos en la estrategia de seguridad fronteriza, podrá comenzar el proceso de legalización de los indocumentados, especifica el proyecto.
Este camino de legalización prevé un período de diez años desde que el inmigrante indocumentado inicia el proceso -recibiendo un permiso temporal- hasta que reciba efectivamente un permiso de residencia permanente. No se especifica en el resumen del proyecto, sin embargo, cómo se procederá posteriormente hasta alcanzar la ciudadanía, requisito que Obama ha calificado de indispensable como meta final.
Lo que sí adelanta este resumen es que se prevé una vía más expedita para la residencia legal para dos grupos específicos de indocumentados: los que se beneficien del programa agrícola, que podrán optar por la "tarjeta verde" en sólo cinco años, y los "dreamers", los jóvenes indocumentados que llegaron al país junto con sus padres y que, según el plan, podrán optar a la ciudadanía en cuanto obtengan la "tarjeta verde".
Una vez comprobados la seguridad y los controles dentro del país, los indocumentados que demuestren que estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el RPI. Es decir, que todo individuo que ingresara al país de forma ilegal después de ese día no podrá beneficiarse del camino a la legalización, algo que ya había sido motivo de protesta por parte de grupos de cabildeo pro inmigración debido a lo lejano ya de la fecha límite.
En total, el proceso de lograr la residencia podría costarle en multas al postulante hasta u$s 2.000 en varios tramos. Además, el candidato deberá cumplir otros requisitos, como no haber cometido un delito y poder demostrar conocimientos del inglés, que han trabajado en el país de forma regular o que han pagado todos los impuestos atrasados.
El proyecto avanzó en el contexto de un fuerte debate en filas republicanas que llevó a la oposición a revisar posturas cercanas a la xenofobia mientras son cada vez más decisivos los votos de la comunidad latina, que en las últimas dos elecciones se volcó en forma abrumadora hacia la opción demócrata (Obama).
| Agencias DPA y AFP |
