Avanza en Noruega ley para prohibir mendigos

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Copenhague - El Gobierno noruego ultima una reforma legal para prohibir a los mendigos en todo el país, con multas e incluso penas de cárcel, que podría entrar en vigor en unos meses y que ha recibido críticas de varios partidos y de distintas organizaciones.

El opositor Partido Centrista comprometió hace unos días su apoyo a la propuesta, con lo que el Gobierno de los conservadores y del ultranacionalista Partido del Progreso tiene asegurado el respaldo de la mayoría del Storting (Parlamento) para su aprobación.

Los impulsores de la reforma la defienden porque, a su juicio, la mendicidad se ha vuelto más agresiva en los últimos años, lo que conlleva un aumento de la criminalidad y de otros delitos, como el tráfico de personas.

Ante las presiones de la derecha, el anterior Gobierno rojiverde aprobó en 2013 que los municipios pudieran fijar condiciones para pedir dinero en lugares públicos y que la Policía elaborara registros con las personas que se dedicaban a la mendicidad.

Tras su triunfo electoral meses después, los conservadores y la derecha xenófoba intensificaron los esfuerzos para restaurar la prohibición a nivel nacional, abolida en 2005.

El primer paso fue la reforma local, a la que se adhirieron dos pequeños municipios del sur del país, aunque finalmente no Oslo.

"Entonces muchos de los que pedían eran toxicómanos noruegos con problemas graves, mientras que los últimos años ha aumentado el número de mendigos, sobre todo de extranjeros", ha dicho el ministro de Justicia, Anders Anundsen, en alusión a la situación en 2005.

El Gobierno se ha asegurado de nuevo el apoyo de los centristas, a cambio de más dinero para medidas sociales, como la aprobación de una partida extraordinaria para mejorar las condiciones de los gitanos en Rumania, de donde procede una parte de los mendigos.

El objetivo es criminalizar la mendicidad organizada, aunque las autoridades han admitido la dificultad de definir ese término, como ha resaltado el Colegio de Abogados Noruego; de ahí que el Gobierno plantee en su defecto una prohibición general que incluya también multas o penas de cárcel de varios meses.

La iniciativa ha recibido críticas variadas, como la de la defensora del pueblo contra la Discriminación, Sunniva Ørstavik, que teme que pueda provocar discriminación de la población gitana.

Agencia EFE y Ámbito Financiero

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