Avatares de tribunales

La Corte Suprema de Justicia confirmó la elevación a juicio oral y público del ex jefe de Gabinete de Carlos Menem, Jorge Rodríguez, por supuesta sustracción de caudales públicos. El máximo tribunal rechazó un recurso de queja interpuesto por el ex funcionario, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobresueldos, al considerar que la apelación no se refería a una sentencia definitiva. Rodríguez había objetado el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que en julio de 2008 revocó la falta de mérito que se le había dictado por este caso y resolvió procesarlo. En esta causa también están procesados la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, entre otros ex funcionarios.

La jueza de primera instancia de Mendoza Olga Pura de Arrabal denunció presiones ante la Corte Suprema de Justicia, a raíz del fallo que ordenó la suspensión provisoria de la nueva ley de medios. En una carta dirigida al máximo tribunal, la magistrada precisó que la agrupación del piquetero kirchnerista Luis DElía le había iniciado una demanda por supuestos daños y perjuicios, y le pidió a la Corte que «tome intervención pertinente, en defensa de los derechos que me son propios como magistrada de la Nación». El escrito será girado a la Asociación de Magistrados de la Nación para que analice la denuncia, mientras que la jueza deberá presentarse hoy a una mediación con DElía, así como los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza que convalidaron el fallo y al diputado cobista del PJ disidente, Enrique Thomas, quien impulsó el amparo. El dirigente piquetero los demandó por $ 2 millones en abril pasado, por los supuestos daños y perjuicios que generó a su agrupación la suspensión de la ley, ya que no pudo activar la trasmisión de dos señales televisivas de Federación, Tierra y Vivienda que dirige.

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, inició ayer una acción de amparo contra la designación de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. En el escrito, la diputada opositora pidió que se anule el acuerdo del Senado que favoreció a la funcionaria, debido a que fue aprobado por mayoría simple y, según la reglamentación legislativa, debería ser por mayoría absoluta. La causa recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, que subroga Esteban Furnari.