18 de enero 2019 - 00:01

Campillo "poco" arrepentido para Bonadio que activó "lista Clarens"

Exsecretario de Hacienda de Santa Cruz no satisfizo al juez que lo aceptó como arrepentido pero rechazó su liberación (inédito hasta ahora). Bounine (seguirá detenido) negó cargos. Operativos en más de 70 empresas.

traslado. Isidro Bounine fue trasladado ayer a los tribunales de Comodoro Py.
traslado. Isidro Bounine fue trasladado ayer a los tribunales de Comodoro Py.

Ni complicó a Cristina de Kirchner, ni sonó convincente a los oídos del juez Claudio Bonadio. Por eso quedó lejos de acceder a la libertad pese a haber estrenado el status de arrepentido. La declaración de Juan Manuel Campillo, exsecretario de Hacienda de Santa Cruz, al único que comprometió fue al exsecretario de la expresidenta, Isidro Bounine. Y hasta tuvo ribetes farandulescos con la sospecha deslizada ante la justicia de que el kirchnerismo habría estado por detrás de las denuncias contra Campillo luego de la muerte de su pareja, el diseñador Carlos Di Doménico. El flamante exsecretario detenido (Bounine) negó los cargos y las imputaciones que le enrostró Campillo como parte del entramado para lavar el dinero del exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. También permanecerá preso. En un intento de obtener algún resultado, ayer mismo se activó uno de los vértices que aparecía inexplorado, tal como reveló Ámbito Financiero: se realizaron operativos en todas las empresas mencionadas en los archivos que entregó el financista Ernesto Clarens, totalizando unas 80 locaciones, incluida la Cámara Argentina de la Construcción.

Puntualmente, Campillo había dicho que Bounine, le pagó 230.000 euros por un “asesoramiento de segunda opinión” sobre sociedades radicadas en Estados Unidos, cuando en 2016 se hicieron maniobras financieras para ocultar unos u$s 70 millones que habrían sido de Muñoz. Salvo en descripciones de carácter y trato, y la referencia a su despido no hizo mención alguna a Néstor y Cristina de Kirchner en relación al manejo del dinero. Bounine designó como abogado a Diego Richards, y fue trasladado muy temprano desde la división Drogas Peligrosas de la PF a los tribunales de Comodoro Py donde negó los cargos.

La declaración de Campillo reforzó la hipótesis de las sospechas sobre el entorno de Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, también detenida. Campillo ratificó la existencia de un sistema montado fuera del país para el movimiento de fondos y maniobras de lavado vinculadas al entorno de Muñoz, al hablar sobre transacciones comerciales, constitución de empresas y la compra de inmuebles. Cuando habló sobre el rol de los secretarios privados del matrimonio presidencial, dijo que “cuando se es secretario privado nunca se deja de serlo” y deslizó que a pesar de dejar el cargo oficial siempre los ex asistentes continuaron “reportando” a los Kirchner. Sorpresivamente (o no) Bonadio rechazó el pedido de excarcelación de su defensa, pese a que lo homologó como arrepentido, lo que marcó otro hito en la instrucción de esta causa. Su apelación irá a ser revisada por la Cámara Federal. Para Bonadio, (a contramano de los fiscales que se inclinaron por su liberación) hay riesgos procesales, y peligro de entorpecimiento de la investigación en la que hay medidas en curso que se mantienen en reserva. Algunas quedaron expuestas ayer por la tarde.

Sin feria

En un anticipo exclusivo de este diario, la sala de feria de la Cámara de Casación confirmó que no resolverá ningún aspecto vinculado con la causa cuadernos hasta tanto no se reanude la actividad judicial en febrero. El pedido de habilitación de feria fue realizado expresamente por la defensa del José María Olazagasti, excolaborador de Julio De Vido. Casación entendió que por razones formales no correspondía levantar el receso para tratar el planteo, con las firmas de los jueces Daniel Petrone, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa.

Lista Clarens

Bonadio se decidió a avanzar sobre una nómina de 71 empresas que habían sido contratistas de obra pública entre 2003 y 2015, luego de recibir el detalle de su composición accionaria por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ). Dispuso un total de 82 órdenes de presentación para solicitar documentación adicional de las firmas administrativa y actas societarias. La información proveniente de la IGJ también dio cuenta de las Uniones Transitorias de Empresas con las que participaron en licitaciones. Hubo otros en reparticiones públicas.

En la Cámara que agrupa a las constructoras se solicitó autoridades y balances de las firmas participantes. El listado que entregó Clarens incluyó a IECSA, Roggio, Electroingeniería, José J. Chediack, Decavial, Supercemento, Luis Losi, Panedile, Coarco, Equimac Fontana Nicastro, JCR, Rovella Carranza, Dycasa, Marcalba, Eleprint, Perales Aguiar y José Cartellone, entre otras.

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