Bancarios logran bonus y sube presión gremial en obras sociales

Sergio Palazzo, Alberto Abad y Hugo Moyano

La Asociación Bancaria se sumó ayer al lote de gremios que acordó con las cámaras empresarias de su sector el pago de un bonus salarial de fin de año. A último momento las tres principales entidades que nuclean a bancos públicos y privados aceptaron pagar $ 5.500 a los empleados el 5 de enero. Los acuerdos individuales (también consiguieron pagos extraordinarios Camioneros y el sindicato de peajes, entre otros) acrecentaron la presión gremial luego de que el Gobierno descartara resolver un bonus generalizado para todos los trabajadores y jubilados, como había planteado la CGT.

En el caso del sindicato bancario, que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento se alcanzó con las cámaras de bancos de capital extranjero (ABA), la de privados de capital nacional (ADEBA) y la de entidades públicas y privadas nacionales (Abappra). Palazzo le dijo a este diario que ayer también resolvió junto con los banqueros iniciar las discusiones paritarias el 20 de enero. Las escalas salariales en el sector vencerán el último día del año y La Bancaria suele alcanzar con las entidades acuerdos transitorios hasta marzo, para recién ahí pactar aumentos porcentuales por los doce meses.

El gremio ya había logrado pactar bonus con algunos de los bancos de manera individual. En el caso del Ciudad se acordó un pago extra de fin de año de 12 mil pesos; en el Nación, de $ 9.900, y en el Macro, de 6.000 pesos. El acuerdo salarial de este año fue, además, uno de los más altos en paritarias, con una suba del 27,8% que llegó al 33% por la incorporación de cláusulas especiales ligadas a la rentabilidad del sector.

La Bancaria integra desde ayer el lote de sindicatos que lograron los adicionales para compensar el salto inflacionario que se produjo luego del balotaje, como Peajes (dos pagos de $ 3.400 cada uno), Camioneros (fueron $ 5.300 divididos en cuatro cuotas iguales) y el gremio del personal del gas. Otros, como la Federación de Aceiteros del complejo oleaginoso de Rosario, calculan que la semana que viene habrá un entendimiento con las cámaras sectoriales para un pago de fin de año de entre 15 mil y 16 mil pesos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Antonio Caló, en tanto, negocia con los empresarios del rubro un bonus superior a los 3.000 pesos.

La discusión del bonus disparó la primera fricción severa entre el sindicalismo y el Gobierno. Mauricio Macri confirmó lo que habían sugerido sus ministros de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y de Trabajo, Jorge Triaca, acerca de que su gestión no promovería ninguna resolución para extender a todos los trabajadores un pago de fin de año. De hecho, esa negativa fue una de las razones por las que Hugo Moyano plantó ayer a los ministros en la reunión que tenían pautado hacer por la tarde en la Casa Rosada con el camionero y referentes de las tres versiones de la CGT.

Moyano resolvió usar el revés al plus salarial como herramienta para presionar al Gobierno para obtener otras concesiones de más largo plazo. La principal de ellas, un desembolso mayor y más fluido hacia las obras sociales sindicales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de controlarlas. Allí Macri aceptó nombrar a Luis Scervino, un técnico de trayectoria en el sector que reporta a José Luis Lingeri, jefe de Obras Sanitarias. El funcionario deberá intentar la aplicación de esos mecanismos ideados por los sindicalistas, con aval del jefe de Estado.

Como parte de esa tarea varios gremialistas almorzaron ayer con el nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, que ya había ocupado ese cargo en los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. Fue una charla distendida con Armando Cavalieri (Comercio), Carlos West Ocampo (Sanidad) Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Víctor Santa María (encargados de edificios) y Lingeri.

Los dirigentes saben que ni Scervino ni Abad tienen por sí la facultad de agilizar e incrementar los pagos a las obras sociales, pero apuestan al vínculo con ambos para ser quienes transmitirán a escalones superiores del Gobierno la inquietud constante sobre los recursos. El superintendente de Salud tuvo su primera victoria al disponer una ampliación presupuestaria de $ 320 millones para resolver trámites pendientes de reembolso de prestaciones médicas complejas a obras sociales.