Berlusconi quedó sin inmunidad y lo acechan las acusaciones

Silvio Berlusconi lució sombrío durante la recepción que brindó ayer en Roma al presidente palestino, Mahmud Abás. Presentía seguramente el fallo por el que el Tribunal Constitucional invalidó una polémica ley que le brindaba inmunidad legal.

Roma - El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, enfrenta dos juicios pendientes y una situación política seriamente deteriorada como consecuencia de la decisión de ayer del Tribunal Constitucional, que invalidó una polémica ley que otorgaba inmunidad a los cuatro funcionarios más importantes del Estado.

En su segundo día de deliberaciones, los quince magistrados que conforman la alta corte decidieron alrededor de las 18.00 hora local, por una mayoría de nueve votos a favor y seis en contra, que la norma, aprobada el 22 de julio de 2008, vulnera dos artículos de la Constitución.

Los jueces consideraron que el «Laudo Alfano» (llamada así por el ministro de Justicia del propio Berlusconi que la impulsó y por sus detractores, «Lodo Alfano») contradice el artículo 138 de la Carta Magna, según el cual una ley de estas características debía haber sido introducida a través de una reforma constitucional y no como ley ordinaria.

Procesos

Asimismo, dictaminaron que el texto del ministro Angelino Alfano viola el artículo 3 de la Constitución que establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos.

Con esta decisión, el Constitucional abre la puerta para que se reanuden al menos dos de los cuatro procesos judiciales en los que Berlusconi se había visto implicado y que permanecían suspendidos porque gozaba de inmunidad.

El premier viene de ser considerado en un falo «corresponsable» de un hecho de corrupción que le costará a sus empresas una indemnización de 750 millones de euros (ver aparte) y ha debido enfrentar un divorcio litigioso por una presunta relación con una menor y revelaciones escandalosas sobre sus fiestas y relaciones con prostitutas.

Uno de ellos es el juicio por el supuesto pago de una coima de 580.000 euros al abogado inglés David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos celebrados en 1997 y 1998 contra el mandatario, ayudando a que terminara absuelto.

Mientras, el segundo proceso, también suspendido hasta ahora, está relacionado con supuestas irregularidades en la compraventa de derechos televisivos con su grupo de comunicación Mediaset.

Este proceso, en el que están imputados otros gerentes del grupo, se ocupa de la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset por valor de 470 millones de euros y en torno a la cual se creó un entramado de transacciones en las que, supuestamente, participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.

La Fiscalía sospecha que en la operación se aumentó de forma artificial el precio real de los derechos, se desvió a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros y se eludió al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre 1994 y 1996.

Tras las decisión judicial, las reacciones tanto de la oposición como del oficialismo no se hicieron esperar.

El propio Berlusconi fue taxativo: «Con o sin Lodo seguimos adelante, tenemos que gobernar cinco años. Jamás pensé que un Tribunal Constitucional con once jueces de izquierda aprobase el texto. Era imposible».

Embestida

El primer ministro, que pasó la tarde a la espera del veredicto en Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, reunido con sus ministros más cercanos, embistió contra el presidente del país, Giorgio Napolitano, al afirmar: «No me interesa lo que dijo. Me siento tomado en broma y no me interesa». Napolitano había recibido «con respeto» el fallo.

En tanto, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, dijo que para «mejorar las condiciones sociales y defender la democracia» en Italia se necesitan «ciudadanos honestos y buenos cristianos».

El subsecretario de la Presidencia y portavoz, Paolo Bonaiuti, manifestó que se trata de «una sentencia política, pero que el presidente (del Consejo de Ministros) Berlusconi, el Gobierno y la mayoría (parlamentaria) continuarán gobernando como siempre pidieron los italianos desde abril de 2008».

Por su parte, el líder del opositor partido Italia de los Valores (IDV) y ex magistrado «Manos Limpias», Antonio Di Pietro, pidió la renuncia del jefe del Gobierno y que se siente en el banquillo de los acusados, a la par que su formación aboga por convocar elecciones anticipadas.

A pesar del revuelo por la sentencia de ayer, cabe recordar que ésta no es la primera vez que Berlusconi se enfrenta a la pérdida de la inmunidad.

En su anterior mandato, Berlusconi ya intentó blindarse ante la justicia con la llamada «ley Schiffani» que otorgaba inmunidad a los cinco más altos funcionarios del Estado, ya que en esa ocasión (además del presidente, el primer ministro y los titulares de las dos cámaras del Congreso) también se incluía en la ley al presidente del Constitucional. En esa ocasión la alta Corte también había invalidado la norma, por lo que al inicio de esta legislatura se modificó el texto para evitar el rechazo de la ley que, finalmente, como se demostró ayer, no fue suficiente para garantizar la inmunidad del premier.

Agencias EFE, AFP, Reuters y ANSA