SECTORES EMPRESARIOS RECLAMAN QUE SE LOS LIBERE DEL COBRO DE IMPUESTOS ESPECIALES - El cobro de un impuesto local a quienes adhieran a la exteriorización complica la efectividad del blanqueo.
El Gobierno sumó en las últimas horas un obstáculo adicional al régimen de exteriorización de capitales. En medio de los tironeos por las trabas que, según señaló el ministro Alfonso Prat Gay, estarían imponiendo los bancos, las condiciones de adhesión de algunas provincias a la Ley de Blanqueo amenaza con hacer naufragar el proceso.
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En Santa Fe, empresarios agrupados en la Mesa Productiva rechazaron "toda intención legislativa de aplicar impuestos especiales" a quienes en el distrito "efectúen la declaración voluntaria y excepcional para el blanqueo de capitales, en el marco del régimen de sinceramiento fiscal establecido por el Gobierno nacional".
La Mesa es integrada por la Bolsa de Comercio, el Centro Comercial, la Asociación Dirigentes de Empresas, la Cámara de Comercio Exterior, la Sociedad Rural, la Unión Industrial de Santa Fe y la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción.
"En la provincia padecemos una creciente presión fiscal, la que desde 2008 a 2015 se incrementó un 50%", indicaron a través de un comunicado.
La Cámara de Senadores santafesina aprobó y giró a Diputados el jueves pasado una iniciativa del legislador provincial Alcides Calvo que libera del pago de tributos provinciales a quienes presenten montos menores a $305.000. Pasada esa cifra, el blanqueo tendrá adherido un impuesto del 1%. No obstante, el proyecto deja en claro que no habrá gravamen si al menos el 60% del total blanqueado se reinvierte en la provincia.
Sólo cinco de los siete distritos que hasta el momento adhirieron a la Ley de Blanqueo nacional eximirán de todo tipo de impuesto local a quienes se muestren interesados en beneficiarse con la operatoria. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, y Misiones que se sumará en los próximos días.
En cambio, Salta y Río Negro establecieron tributos especiales que, para el caso de la provincia norteña será el 10% del impuesto especial nacional, y para la patagónica Ingresos Brutos omitidos con alícuota de hasta 1%.
El lento (o nulo) proceso de adhesión de las provincias a esta amnistía impositiva encuentra su explicación en las urgencias financieras por las que atraviesa la mayoría de los estados subnacionales.
"Adherir al blanqueo nacional sin cobro de Ingresos Brutos y Sellos significaría pagar un alto costo fiscal", analizó un ministro de Economía que, sin embargo, reconoció que la imposición de un impuesto podría hacer peligrar el ingreso de empresas al sinceramiento fiscal.
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