Boluarte declaró el estado de emergencia y propone ahora adelantar comicios a 2023

El gobierno maniobra para contener las protestas que se extendieron por todo el país en reclamo por la liberación de Pedro Castillo, quien podría permanecer en prisión durante ocho meses.

Lima - El gobierno de Dina Boluarte declaró ayer el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las violentas protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.

“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos”, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, aunque aseguró que la policía y las fuerzas armadas controlan la situación.

Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.

Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado.

Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin del mandato de Castillo en julio de 2026, como prevé la Constitución.

Pero una ola de manifestaciones que exigen la liberación del exmandatario y elecciones inmediatas la llevaron a proponer un adelanto de los comicios primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.

“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023”, dijo el miércoles Boluarte a la prensa.

Se esperaba que el Congreso se reuniera al cierre de esta edición para debatir la propuesta de ir a las urnas a finales del año próximo.

Castillo, un maestro rural de izquierda de 53 años, es acusado de “rebelión” y “conspiración” por la fiscalía, que busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses.

El juez que debía tratar el pedido, Juan Checkley indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que ayer se cumplió el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Castillo se negó a participar en la audiencia virtual. “¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Ayer vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, tuiteó.

“Nos vamos a quedar acá hasta que nuestro presidente salga y vaya nuevamente al sillón presidencial de palacio de gobierno”, dijo Roxana Figueroa, una asistenta social de 59 años.

Numerosas rutas permanecían el miércoles bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.

En Cuzco, la policía dispersó el miércoles con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes cerca de la terminal aérea, que sigue cerrada. Centenares de pasajeros quedaron varados.

En el pueblo de Machu Picchu, vecino a la famosa ciudadela inca, unos 780 turistas de diferentes nacionalidades se encontraban también varados por la suspensión del servicio de trenes desde hace dos días.

En Arequipa, segunda ciudad del país, los militares custodiaban locales públicos y el aeropuerto internacional -que los manifestantes intentaron tomar el lunes- para evitar actos de vandalismo.

En Puno, en la región aymara fronteriza con Bolivia, las autoridades cerraron el aeropuerto y el gremio de transporte se sumó a las protestas y paralizó sus actividades.

“Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte”, dijo Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.

En Apurímac, cuna de Boluarte, hubo marchas en rechazo de la violencia tanto de policías como de manifestantes.

Cinco exmandatarios peruanos han sido procesados por corrupción desde el año 2001.