Si el Congreso hubiese derribado los 13 vetos, el costo para el país sería de u$s 34.000 millones hasta 2019, según cálculos de la presidencia brasileña. Con la economía en recesión desde el segundo trimestre, el Gobierno impulsa un plan de austeridad que busca conseguir un mínimo superávit fiscal primario para 2016 y evitar una nueva rebaja de la nota de su deuda.
Los legisladores decidieron ayer mantener los vetos a las donaciones empresariales a las campañas electorales, al aumento de sueldos de entre 53% a 78% al poder Judicial y a la reducción de impuestos al sector textil. También decidieron mantener los vetos a la aplicación de reglas del salario mínimo para jubilados y a que los profesores descuenten gastos en libros del impuesto a la renta, entre otros. No obstante, rechazaron el veto parcial a un proyecto que fija en 15 días el plazo para que bancos transfieran el 70% de los valores de depósitos judiciales a estados y municipios.
| Agencia Afp |
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