5 de agosto 2015 - 00:00

Brasil: la oposición acordó impulsar este año el juicio político contra Rousseff

El exjefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, fue trasladado ayer a una cárcel de Curitiba. La protesta fue convocada para el 16 de agosto, la misma fecha de la manifestación contra Fernando Collor de Mello en 1992, que renunció meses después.
El exjefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, fue trasladado ayer a una cárcel de Curitiba. La protesta fue convocada para el 16 de agosto, la misma fecha de la manifestación contra Fernando Collor de Mello en 1992, que renunció meses después.
Brasilia - Las fuerzas opositoras y el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, Eduardo Cunha, que el mes pasado salió de la coalición oficialista, pactaron impulsar el "impeachment" (juicio político) contra Dilma Rousseff, cuya posición está cada vez más afectada por los ajustes económicos y el "Petrolão". Mientras, para no comprometer más la situación de la mandataria, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) decidió dejar a su suerte al ex hombre fuerte de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, que ayer fue trasladado a prisión por su rol en la red de corrupción de la empresa petrolera.

Cunha y congresistas del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), liderado por el exaspirante presidencial Aécio Neves, junto con otras fuerzas opositoras acordaron votar el juicio político contra Rousseff este año, revelaron dos fuentes parlamentarias al diario Estado de Sao Paulo.

De acuerdo con la información, pactaron que luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) publique su dictamen sobre las cuentas públicas del Gobierno de Rousseff, Cunha rechazará el pedido de impeachment -actualmente hay 11 presentados en la Cámara-, pero la oposición presentará un recurso, que sería votado y aprobado, para enjuiciar a la mandataria.

Considerado el enemigo número uno de Rousseff, Cunha demuestra estar dispuesto a todo para hacer inviable la administración del PT.

La gobernante, criticada incluso por su partido por su programa de ajuste (que aún no dio resultados, hundiendo los indicadores de crecimiento del país), ha visto desde que comenzó el año desmoronarse su popularidad, fruto del megaescándalo de corrupción en Petrobras, el cual ya le costó a Brasil el 1% de su Producto Bruto Interno (PBI), hasta llegar al récord de sólo el 9% de aprobación.

Por ello, en el Planalto la orden fue protegerla del nuevo capítulo del "Petrolão": la detención de Dirceu. Y si bien puertas hacia afuera el Gobierno desmintió una preocupación, varios funcionarios próximos a la gobernante reconocieron, en anonimato, que la imagen negativa causada por la prisión del exjefe de Gabinete de Lula da Silva alimentará el disgusto de los brasileños de cara a la manifestación del 16 de agosto por el impeachment.

La concentración será la tercera del año y los organizadores confían en convocar un gran número de asistentes.

La fecha elegida coincide con el día de 1992 en que miles de ciudadanos protestaron contra el entonces presidente Fernando Collor de Mello, quien cuatro meses después renunció al cargo.

El PSDB adelantó que respaldará esa movilización, a diferencia de lo ocurrido en las anteriores concentraciones, cuando evitó dar apoyo institucional aunque algunos miembros se sumaron a los indignados.

El diputado del PSDB, Bruno Araújo, declaró ayer que "este segundo semestre del año será muy agitado, nosotros pensamos que el movimiento del 16 de agosto va a ser importante".

"Estamos considerando que esa marcha va a aumentar la eventualidad de un pedido de impeachment contra la presidenta; este Gobierno no tiene ninguna credibilidad", dijo el jefe de la bancada de la minoría en Diputados.

La situación, según analistas, da además "munición" al "cacerolazo" que se está convocando para mañana, cuando Rousseff saldrá al aire por cadena nacional en una publicidad del PT con la que se pretendía recomponer su imagen.

En tanto, el titular del PT, Rui Falcao, divulgó una nota de cinco líneas en la noche del lunes en la que no hizo mención a su correligionario Dirceu, detenido por ser el ideólogo del esquema de sobornos en Petrobras, que incluyó además a una veintena de empresas constructoras y al PT y otros partidos políticos.

El comunicado subrayó que esa formación recibió aporte de empresas que fueron registrados como lo establece la Justicia electoral, con lo que renovó su rechazo a la hipótesis de que recibió dinero de origen ilegal.

Dirceu ingresó ayer en un centro de detención de la ciudad de Curitiba, al que fue llevado desde Brasilia para responder por su presunta responsabilidad en las corruptelas detectadas en la empresa petrolera. Ya cumplía una condena domiciliaria a 11 años y 10 meses, que le fue impuesta por su responsabilidad en el "Mensalão", un sonado escándalo de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, durante el primero de los dos mandatos de Lula. El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación en Petrobras, consideró que no podía mantener ese beneficio, no sólo porque la investigación apunta a que fue uno de los ideólogos del esquema de sobornos en la petrolera estatal, sino porque se sospecha que recibía comisiones ilegales de la red de corrupción en la petrolera aún estando bajo arresto.

Agencias ANSA y EFE,

y Ámbito Financiero

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