Buitres quieren sancionar también a quienes compraron el Bonar 24

• BANCOS INTERNACIONALES SE NEGARON A ENTREGAR INFORMACIÓN.• AURELIUS RECLAMA A GRIESA INVESTIGACIÓN A INVERSORES.

Paul Singer y Thomas Griesa

Los "me too" le pidieron ayer a Thomas Griesa que insista en que el Deutsche Bank, el JP Morgan y el BBVA entreguen información sobre su supuesta intervención en la colocación del Bonar 24 en los procesos de renacionalización de YPF y de abril de este año; pero que además avancen sobre los compradores locales de ese bono; y que esa información se haga pública para saber si entre los que adquirieron ese papel hay entidades argentinas. El pedido de los fondos buitre de "segunda generación" fue hecha ante el juez de Nueva York como respuesta a la negativa a entregar cualquier tipo de información, que también ayer los tres bancos entregaron por escrito ante Griesa, tal como adelantó el lunes este diario.

Los "me too" estuvieron representados, como siempre en este tramo del "juicio del siglo" por el fondo buitre Aurelius (también integrante de los fondos de primera generación), firmado por el abogado Edward Friedman; donde se expone que según su criterio son pasibles de ser investigados todos los compradores del Bonar 24, en especial los que participaron de la operación de abril de este año por unos u$s 1.400 millones. Los inversores y los bancos serían culpables en diferentes grados, según Aurelius, junto con la Argentina que, siguiendo el razonamiento, lanzó el bono sin la autorización formal de Griesa; quién además, en junio pasado, lo declaró directamente como "ilegal". La Argentina lanzó el Bonar en Buenos Aires, fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, y con la promesa de pagar los intereses y el capital en la plaza local, lo que antes había sido prohibido por Griesa, que siempre consideró que cualquier emisión de bonos debería ser pasible de ser alcanzada por la cláusula "pari passu". El planteo de Aurelius es en realidad una profundización de otra presentación que el mismo Friedman había hecho en junio de este año, pero a nombre de los fondos buitre de primera generación que habían vencido en el "juicio del siglo", y de los que también el fondo propiedad de Mark Brodsky forma parte junto con el Elliott, de Paul Singer, entre otros. En aquella oportunidad, el escrito presentado ante Griesa hablaba de la necesidad que el juez "analice la posibilidad de que también los compradores del bono y que lo tengan depositado en sus cuentas de los Estados Unidos puedan ser pasibles de sanciones y, eventualmente, de ser acusados de complicidad".

En ese momento el planteo fue considerado como "delirante" tanto por parte de los abogados que representan al país del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), como por los representantes del Deutsche Bank. Sin embargo, Griesa no rechazó en ningún momento aquel escrito de junio pasado de los fondos buitre primarios, y ahora hasta aceptó estudiar la ampliación de la denuncia según la presentación de los "me too".

Mientras tanto, también ayer, las tres entidades financieras acusadas por Aurelius para que entreguen información, reiteraron que se negarán a hacerlo y que las ampara el derecho de secreto bancario. Además reafirmaron que rechazan cualquier acusación de haber intervenido en la colocación del Bonar 24 como agentes financieros; más allá de haber intervenido como comercializadores locales e internacionales del bono.

Griesa había recibido hace una semana el pedido formal de los fondos buitre el miércoles pasado, a través de un escrito común de los 51 "me too" reconocidos por el juez y oficializados como acreedores privilegiados del país en el fallo del viernes 30 de octubre pasado, cuando el magistrado determinó que el pago del bono quedaría bajo la cláusula "pari passu" y debería ser coparticipado en sus pagos con todos los fondos buitre y holdouts, incluyendo los acreedores primarios que vencieron en el "juicio del siglo" y los de segunda generación.

El Bonar 24 fue lanzado por el Gobierno de Cristina de Kirchner el 21 de abril pasado, desde la Argentina y sin la intervención de ninguna entidad financiera como operadora. Con esta emisión, la Argentina, según la visión de Griesa, habría incumplido su decisión de junio de 2014 (que se desprendía del rechazo de la Corte Suprema de los EE.UU. a aceptar la apelación del fallo de fondo a favor de los fondos buitre) que le impedía al país emitir deuda fuera del mercado norteamericano o pagar vencimientos de bonos ya cotizantes. Luego, en septiembre del año pasado, la Argentina hizo efectiva la acción, y comenzó a pagar vencimientos de deuda en Buenos Aires y en abril de este año directamente avanzó con la colocación de nuevos bonos a través del Bonar.

La posibilidad de que el juez de Nueva York pueda afectar algún pago del Bonar 24 es utópica, ya que se necesitaría que un juez local se solidarice con la presentación de los fondos buitre; algo que en el país está descartado ya que hay leyes que defienden y protegen la operación del Bonar 24. Igualmente lo que se buscaba en estos escritos presentados desde mayo pasado es complicar (y encarecer) nuevas colocaciones del Bonar. Ahora lo que pide Aurelius -que en su presentación incluye el nombre de todos los fondos buitre- es que Griesa aplique la cláusula Discovery. Esto es, que el juez investigue en todas las cuentas que considere necesario en Estados Unidos la posible existencia de colocaciones del Bonar para eventualmente luego pedir embargos.

Los tres bancos siempre se negaron a colaborar con la presentación de los fondos buitre y siempre rechazaron públicamente ante Griesa que hayan tenido participación como colocadores del fondo. En todo caso, reconocen, podrían haber ejercido algún tipo de rol como comercializadores del papel pero luego del lanzamiento del Bonar, algo que no tiene relación con la declaración de "ilegalidad" por parte de Griesa. De hecho, en mayo pasado, el Deutsche Bank presentó un escrito ante el juez de los EE.UU., asegurando que estaba sufriendo un "acoso" de parte de los fondos Elliott y Aurelius. En su presentación, el Deutsche Bank expuso que "la verdadera motivación de los demandantes no es el descubrimiento de la información relevante, es el acoso de los intermediarios financieros".