Buscan fondos de Bonafini en EE.UU. y dudan de firmas

Ajenos a los pasos mediáticos de Sergio Schoklender, el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, avanzan a su propio ritmo con la investigación. El magistrado ordenó ayer el envío de nuevos exhortos, en este caso a Estados Unidos y España, en un intento por identificar la ruta de supuestos fondos de la organización Madres de Plaza de Mayo, que habrían sido derivados a esos países. Una medida similar había dispuesto la semana pasada, pero para establecer la veracidad de una denuncia de Schoklender acerca de la propiedad de presuntas cuentas bancarias de Hebe de Bonafini en España.

El fiscal Di Lello, por su parte, trabaja para cerrar quizás esta misma semana, los pedidos de indagatoria para los principales sospechosos. Y en paralelo, comenzó a desarrollar una línea de investigación sugestiva: analizar la posibilidad de que parte de la documentación presentada por Schoklender en el expediente fuese supuestamente armada por el exapoderado para quedar a salvo de imputaciones y al mismo tiempo dejar en una situación incómoda a Hebe de Bonafini y su entorno más próximo.

Esa pesquisa surgió tras descubrirse que eran falsas las firmas atribuidas a Bonafini en un contrato entre la fundación Madres y Meldorek, la empresa de la que Schoklender es presidente. En su análisis de documentación, Di Lello encontró numerosas facturas de Schoklender por presuntos servicios prestados a Madres y a la propia Meldorek, por montos de hasta 50 mil pesos. El fiscal cree factible que Schoklender lo hubiese preparado para justificar un crecimiento patrimonial de difícil explicación.

Tanto el fiscal como el juez desestimaron de momento imputar a Bonafini, a pesar de los esfuerzos de Schoklender en ese sentido. Los investigadores sólo creen que Alejandra Bonafini, hija de la dirigente, deberá explicar en algún momento operaciones inmobiliarias sospechosas por hasta medio millón de dólares. Pero incluso en este caso, por haber estado involucrada Meldorek en las operaciones, Di Lello presume que podría tratarse de un montaje del exapoderado, basado en la confianza de la que gozaba en el círculo íntimo de Bonafini.

Ayer, una de las estrategias de Schoklender sufrió un revés: el fiscal rechazó un pedido de nulidad presentado por sus exdefensores respecto de la actuación del abogado querellante Eduardo Fachal, nombrado por las Madres y al mismo tiempo funcionario de la Defensoría del Pueblo porteño. Di Lello aceptó los argumentos de Fachal en cuanto a que las incompatibilidades para ejercer la profesión de abogado sólo alcanzan a la titular de la Defensoría, Alicia Pierini.