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Cables y asociaciones de TV sumaron rechazo
Nicolás Fernández
Todos coincidieron en la necesidad de que exista una nueva ley de comunicación audiovisual, pero reclamaron cambios en el proyecto que analiza el Senado y que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados.
Directivos de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) encabezaron la quinta jornada de audiencias públicas que se realiza en el plenario de comisiones del Senado, presididas por los kirchneristas Guillermo Jenefes, Nicolás Fernández y Fabián Ríos, junto al radical Arturo Vera.
El proyecto empezó a ser analizado a las 10.25 en las comisiones de Sistemas y Medios de Comunicación; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda e Industria y Comercio, en lo que constituye la quinta jornada de audiencias públicas. Daniel Celentano, representante de la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), planteó la «necesidad de una ley de la democracia que sume voces pero que no calle voces» y reclamó cambios en el proyecto para «evitar asimetrías» entre las posibilidades de las «empresas cooperativas y las empresas satelitales».
Además, defendió el rol de la industria de televisión por cable por ser «emprendimientos nacionales, con capitales nacionales y sin ayuda estatal o subsidios». «Existe un clamor real de la gente, de que las cooperativas intervengamos en este servicio», afirmó a su turno Miguel Lange, directivo de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar).
Cooperar marcó su apoyo a la ley por considerarla «superadora» y generadora de una «posibilidad para las cooperativas para que brinden servicio de televisión».
«Si bien esta ley es perfectible en el futuro, nosotros pedimos que la voten favorablemente», subrayó Lange y, a modo de ejemplo, mencionó que en la localidad de General Pico «la empresa monopólica de televisión por cable tiene ocho mil asociados».
«A cien pesos por mes, en un año, la empresa obtiene 10 millones de pesos, pero seis millones de esos diez se van de General Pico por año; cualquier cooperativa podría hacer mucho por la ciudad con ese dinero», reflexionó. Por su parte, Lidia Berardi, referente de la Asociación de Radios Licenciatarias Independientes de Buenos Aires (ARLIBA), solicitó la incorporación de la «figura jurídica radio privada de gestión local». «Ni siquiera estamos catalogados como comunitarias; no somos monopolios y tampoco organizaciones sociales, sino pequeñas o pequeñísimas empresas», expresó Berardi.
Y pidió también que la nueva ley «respete el lugar de arraigo, la densidad de los pueblos y sus mercados» y remarcó: «Queremos la ley, una ley de la democracia, pero también queremos que nos dejen trabajar».


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