Cámara respaldó a fiscal que le habían cuestionado a Gils Carbó

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió ayer un espaldarazo con la confirmación de una condena a prisión perpetua contra el exmilitar Luciano Benjamín Menéndez por parte de la Cámara de Casación Penal, que de este modo validó la actuación del fiscal Carlos Gonella, un protegido de la funcionaria. El máximo tribunal penal del país convalidó la intervención de Gonella como fiscal ad hoc en el juicio que se le siguió a Menéndez en La Rioja, y que culminó con esa condena y las del excomodoro Luis Estrella y del excomisario general Domingo Vera por los asesinatos de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville.

La defensa de los represores había objetado la actuación de Gonella por entender que no contaba con la aprobación del Senado, habitual en el Ministerio Público Fiscal. De haber sostenido ese criterio la Casación, las condenas podrían haber sido anuladas. El fallo del tribunal había generado expectativa doble: por la suerte de otros juicios por crímenes de lesa humanidad impulsados por fiscales ad hoc o subrogantes, y por las acusaciones a Gils Carbó por haber validado nombramientos en esas condiciones.

De hecho, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la semana pasada la declaración indagatoria de la procuradora, es decir su jefa, ante la sospecha de que abusó de su autoridad e incumplió sus deberes al haber nombrado a Gonella al frente de una unidad especial de investigación de casos de lavado de dinero bajo su órbita (Procelac).

La Sala IV de Casación, integrada por los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky (que lideró el voto) y Gustavo Hornos, confirmó las condenas y desechó los argumentos de los imputados por entender que no justificaron de qué manera habían sido perjudicados por la intervención del fiscal ad hoc. En diálogo con este diario, Gonella dijo que a partir de la resolución del tribunal "se terminaron los peros" sobre su actuación y, por lo tanto, por los nombramientos de Gils Carbó. Para el funcionario judicial (que luego de su nombramiento en la Procelac obtuvo acuerdo del Senado como fiscal general en Formosa) hay "entre 25% y 30% de fiscales ad hoc o subrogantes" en plena actuación. Según la Procuración General, se trata de unos 38 funcionarios que colaboran con los fiscales o los reemplazan en ausencia.

Además del pedido de Marijuan, la procuradora general había sufrido un revés en agosto pasado cuando la Corte Suprema declaró inválida su designación de Alejandra Cordone Roselló, secretaria de la Procuración, como fiscal subrogante ante el máximo tribunal. Gils Carbó es una de las referentes de la agrupación Justicia Legítima y suele dictaminar en línea con el Gobierno.