Camaristas, duros con Oyarbide por caso Schoklender

La Cámara Federal porteña amonestó en duros términos al juez Norberto Oyarbide por la manera de llevar adelante la investigación por presunta administración fraudulenta contra el exapoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender. Como había anticipado este diario, la Sala I del tribunal había requerido al juez el envío del expediente para analizar medidas que habían sido objetadas por algunos sospechosos. En concreto, los camaristas le ordenaron a Oyarbide revisar una serie de embargos de cuentas e inhibiciones dispuestas al inicio del proceso.

Entre los señalamientos más destacados figuran «el errado direccionamiento» de la investigación; la falta de fundamentación en las medidas adoptadas y la necesidad de «circunscribir adecuadamente el objeto procesal y formular las imputaciones que correspondan, permitiendo, de ese modo, el efectivo ejercicio del derecho de defensa de los encausados». El fallo lleva la firma de los camaristas Eduardo Freiler, presidente del tribunal, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

El más duro fue Freiler. «Es un desborde intolerable la desnaturalización del estadio procesal en que nos encontramos, adelantando indebidamente restricciones de derechos individuales en cabeza de aquellos contra quienes se dirige una imputación penal, respecto de la cual no se ha arribado siquiera al estado de sospecha», señala el camarista.

Freiler, además, le recuerda a Oyarbide dos artículos de la Constitución que se refieren, en un caso, al derecho de las personas a no ser penadas «sin juicio previo», en un caso, y a la inviolabilidad de la propiedad.

La contestación de la Cámara fue respecto de las objeciones planteadas por Leonardo Hubscher, socio de Eagle Security (firma ligada a Alejandro Abraham Gotkin), y un exapoderado de las Madres, Alberto Marcelo García, que el 6 de junio último fueron embargados. Aquella medida se tomó sólo cinco días después de iniciado el sumario y pasados tres del requerimiento de medidas por parte del fiscal Jorge Di Lello.

El presidente del tribunal avanza, además, en endilgarle al juez «ausencia de racionalidad en la búsqueda de información», y la «solicitud indiscriminada de informes a organismos públicos» con una «desordenada incorporación al legajo», que a su criterio pone en riesgo de convertir las medidas en algo «tan sólo escenográfico».

Los jueces le cuestionaron a Oyarbide el apresuramiento en el dictado de los embargos de cuentas e inhibiciones de bienes, así como carencias en identificar el tipo de delitos por los que se investiga a los sujetos de esas medidas. También atacan la persistencia del secreto de sumario, que después de cinco meses el magistrado resolvió ayer no prorrogar (ver nota aparte), con lo cual tácitamente la causa quedó a disposición de las partes.

En el párrafo más crítico, Freiler señala: «El errado direccionamiento que se le ha impreso a esta investigación, y la incorporación asistemática de la información colectada durante la misma se traduce, para quien se sumerge en las constancias del sumario, en una quimera. La localización de elementos probatorios idóneos para la acreditación de un hecho presuntamente delictivo -y aun la individualización de tales hipótesis- resulta, entonces, tan difícil como hallar una aguja en un pajar, un pajar que el propio magistrado se ha encargado de construir».