Cambia la Corte y los partidos palpitan puja por próxima vacante

Enrique Petracchi y Ricardo Lorenzetti

La muerte de Enrique Petracchi dejó a la Corte Suprema con la composición reglamentaria de cinco integrantes que establece la ley y da lugar para una nueva etapa de negociaciones internas y contactos con el poder político. Eugenio Zaffaroni mantiene, por ahora, su voluntad de abandonar el máximo tribunal a fines de este año, cuando se produciría la primera vacante. Hay sectores del Gobierno que desplegarán conversaciones para retenerlo en su vocalía ante la dificultad para nombrar un reemplazo con el guiño del Senado.

El fallecimiento de Petracchi implica otro desafío para Ricardo Lorenzetti quien presencia cómo la composición que lo ubicó en el papel protagónico está llegando a su fin. A nivel interno es más problemático que el caso de Carmen Argibay, porque Petracchi tenía bajo su área de influencia distintas estructuras cortesanas: la vocalía de derecho penal, la oficina a cargo de los remates judiciales e incluso la superintendencia del Palacio de Tribunales.

A diferencia de otras épocas, la dinámica actual de la Corte no se desarrolla en torno a bloques preestablecidos. Las coincidencias son variables tanto en el caso de firmar fallos como en el de abstenerse de hacerlo. El proceso en el cual se encuentra inmerso el tribunal hará cada vez más difícil la resolución de cuestiones rutilantes. Se instalará una regla más estricta al momento de aceptar causas, lo cual ya se denota en las recientes capacitaciones que ha recibido el personal de la Corte. En esas actividades es donde Lorenzetti viene resaltando que la jerarquía de una Corte está impresa más en sus fallos y en su conducta que en los nombres que la integran.

Hacía semanas que Petracchi no participaba de los acuerdos, pero la situación hacía necesario llevarle las firmas a su domicilio. Sus secretarios letrados lo ponían en tema y luego éste firmaba.

Tanto en la Corte como en el Gobierno está tomando fuerza la idea de que Zaffaroni debería continuar más allá de diciembre. Los primeros por una cuestión de funcionamiento y los segundos por una necesidad política: el oficialismo conoce que no cuenta con la aritmética para nombrar un reemplazo. Distinto sería si existieran dos vacantes porque, como ha sucedido a lo largo de la historia, éstas se podrían negociar entre el oficialismo y oposición. Era el caso de Petracchi que ingresó a la Corte en 1983 con el auspicio del peronismo mientras que Augusto Belluscio hacía lo propio por los radicales.

Coincidencias

Existe otra coincidencia, entre ambos poderes, mucho más subterránea: si bien la salida de Zaffaroni desatará una suerte de clamor para encumbrar un penalista, el máximo tribunal requiere de un cuadro proveniente del derecho público, que interprete el alcance de las potestades constitucionales en causas sensibles para el Gobierno referidas a la política económica. Los temas penales sólo arriban a la Corte en casos contados.

En el despacho de Carlos Zannini ya dan por descontado que las últimas leyes de materia económica votadas por el Congreso (abastecimiento, deuda soberana e hidrocarburos) requerirán de un respaldo en las máximas instancias judiciales ante una batería de litigios que le traerán dolores de cabeza al oficialismo.

Para el Gobierno una de las grandes inquietudes es el fallo de este año denominado "Camaronera", en el cual quedaron fulminadas las facultades que el Congreso le delegó al Poder Ejecutivo. De las cuatro firmas que tuvo ese fallo ahora quedan tres: Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. La resolución apuntaba sobre las retenciones dispuestas en el Código Aduanero.

Meses más tarde apareció un nuevo fallo en el cual se instaba al Estado a resarcir a aquellas empresas perjudicadas por la política de importaciones.

Por parte del Gobierno no faltarían posibilidades para un candidato con dichas características: el defensor porteño Horacio Corti, la abogada Graciana Peñafort y el académico Damián Loretti son nombres que coinciden en diversos borradores, aunque, como es de esperar, los apellidos más rimbombantes aparecerán sobre la hora.

La modificación en la integración de la Corte llega además cuando los vericuetos legales de la ley de medios vuelven a quedar en el centro de la agenda, casi un año después del fallo del máximo tribunal que confirmó la validez de las cláusulas de desinversión. Petracchi había votado a favor de la norma.

Si bien en distintos entornos se da por descontada una nueva judicialización a partir de las últimas determinaciones de la AFSCA, esta vez el camino para Clarín se presenta más adverso porque ya no se discute la libertad de expresión, sino una cuestión patrimonial que involucra al Estado. Esa naturaleza difículta lograr cautelares porque la urgencia tiene una justificación más esquiva y, además, el Estado siempre paga.