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Campo responde: “Al Gobierno le gusta el chamuyo”
La ruta que atraviesa San Antonio de Areco se encuentra interrumpida por las inundaciones que impiden el paso de los autos.
«Creo que es un fenóme-no climático extraordinario. Hay que ser más serio y dejar de hablar macanas. Hay como una especie de obsesión por intentar confundir a la opinión pública», sostuvo el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
El dirigente no negó la existencia de canales y por el contrario aseguró que «cuatro o cinco canales no pueden causar una inundación de esa magnitud». Y agregó: «El Gobierno se maneja con el chamuyo y el barullo, mientras habla mucho y hay poco de cierto».
Buzzi manifestó ayer su solidaridad con las familias de los municipios de San Antonio de Areco, Salto, Arrecifes, Zárate, y le respondió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli: «Lo primero que hay que hacer es ayudar a las familias afectadas y ser solidarios ante esta terrible situación que están atravesando».
«Si se comprueba que existen canales clandestinos y que éstos son en parte responsables por las inundaciones, esta responsabilidad es compartida ya que es el Gobierno provincial el que debería controlar que esto no suceda. Lo que pasa es que es más fácil salir ahora a hacer barullo y responsabilizar al campo en su conjunto, que determinar cuáles son las causas reales».
El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pedro Apaolaza, admitió la posibilidad de que exista responsabilidad en algunos productores, pero consideró que es compartida por las autoridades de la Dirección de Hidráulica por no haber hecho los controles pertinentes.
Por su parte, el líder de La Rural, Hugo Biolcati, afirmó que «si el Gobierno tiene pruebas fehacientes contra responsables concretos, que haga las denuncias, pero que no generalice irresponsablemente. Si hubiera canales no autorizados, lo que no nos consta en absoluto, tendrían que tener muchos años, porque los últimos han sido todos de seca, y nadie va a canalizar en esas circunstancias».
El dirigente concluyó en que «si efectivamente existieran esos supuestos canales ilegales, habría una responsabilidad mayor por parte del Estado debido a la falta de control durante un largo período de tiempo. La provincia tiene poder de policía y organismos específicos para monitorear, y es su función exclusiva e indelegable asegurarse de que no haya infractores».


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