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Casación confirmó sobreseimiento de Macri
La Sala III del máximo tribunal penal del país rechazó -con un voto en disidencia de Liliana Catucci- el recurso de apelación que había presentado la defensa de los querellantes y ratificó así los sobreseimientos. La Cámara resolvió un recurso de «excepción de falta de acción de cosa juzgada» presentado por Mariano Bergés, abogado del empresario denunciante, Augusto Spinazzola. El planteo apuntaba a la supuesta connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y directivos de la empresa Publicidad Sarmiento para defraudar a la administración pública en el marco de la licitación de Mobiliario Urbano, que habría perjudicado a su vez a otras firmas participantes. Este recurso fue presentado en julio pasado y las partes fueron convocadas en diciembre último para exponer sus argumentos en una audiencia oral.
En la resolución, los jueces Raúl Madueño y Eduardo Riggi rechazaron la apelación al considerar que los hechos denunciados en esta causa coincidían con otros que eran parte de otra investigación, la cual fue cerrada por «inexistencia de delito».
La sentencia de Casación benefició así al jefe de Gobierno porteño, su jefe de Gabinete, su exministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo -actualmente a cargo del órgano que administra la red de subterráneos de Buenos Aires-, al exprocurador de la Ciudad y actual diputado nacional por el PRO, Pablo Tonelli, y a los representante de la empresa beneficiada por la concesión, Sarmiento SA.
Esta firma publicitaria pertenece a los empresarios mendocinos Eduardo y Orlando Terranova y fue dirigida entre 1992 y 1996 por Julio Conte Grand, actual procurador adjunto de
la Ciudad (ver aparte). Por su parte, el más chico de la familia y corredor de autos, «Orly» Terranova, fue apoyado por Macri en su candidatura como concejal por el PRO en Mendoza.
La causa se inició cuando Augusto Spinazzola, dueño de una de las firmas que competían en la licitación con Publicidad Sarmiento SA, denunció al Gobierno y a la firma ganadora del contrato por supuesto direccionamiento del concurso. Todos ellos fueron imputados por el presunto delito de administración fraudulenta.
En este sentido, Madueño y Riggi argumentaron que la Sala IV de la Cámara del Crimen, que confirmó el sobreseimiento en la instancia anterior, había asegurado que los hechos denunciados en distintos expedientes penales «conforman una única maniobra que estaría dada por la presunta connivencia entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los integrantes de Publicidad Sarmiento SA», de la familia Terranova y que, por lo tanto, no correspondía hacer lugar a al apelación. Catucci, por su parte, invocó aspectos formales y procesales para sostener que se debía devolver la causa a la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal para que se dictara un nuevo fallo.
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