Argumentó los delitos penales que investiga sobre Cambiemos. Caso que impacta en Gobierno porteño, a otro juzgado.
El juez federal Sebastián Casanello rechazó ayer inhibirse en la causa en la que se investigan delitos sobre supuestos falsos aportantes de Cambiemos en la campaña electoral 2017 en la provincia de Buenos Aires. El magistrado rechazó el planteo que había realizado el juez electoral de la provincia de Buenos Aires Adolfo Gabino Ziulu, que le había pedido a Casanello que le enviara su investigación porque se trataba de presuntas irregularidades vinculadas al Código Electoral. Casanello está a cargo de una denuncia por supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, falsedad ideológica y ya había realizado numerosas medidas, de las que surgieron que existen más de 30 fichas de afiliación falsas, por lo que se investiga la falsificación de documento público, un delito penal federal.
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El magistrado también escuchó a medio centenar de testigos que aparecen como supuestos falsos aportantes de la última campaña electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires para las legislativas de 2017, sin haber realizado pago alguno. El conflicto entre los jueces no termina aquí, y ahora deberá ser dirimido, o bien por la Cámara Electoral, por ser el superior del juez Ziulu o la propia Corte Suprema de Justicia, que es superior entre ambas competencias.
El juez Ziulu declaró la competencia de ese fuero electoral para entender en todas las causas relacionadas con el control del cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Y no sólo a Casanello le había pedido que le remita su investigación, sino también al juez platense Ernesto Kreplak que tiene a su cargo una denuncia que apunta a la gobernadora provincial María Eugenia Vidal. Casanello recordó que a la fecha cuenta con aproximadamente cincuenta declaraciones testimoniales, un informe pericial caligráfico, distintos informe oficiales y otros en curso. Para el juez "los actos de instrucción realizados hasta el momento han tenido por norte corroborar las falsedades y establecer el origen de las filtraciones, sobre la base de que las personas cuya identidad fue utilizada ardidosamente integran bases de datos de organismos federales con sede en esta Ciudad ANSES, INAES, Ministerio de Desarrollo Social-. En esta última circunstancia reposa hoy la competencia de este juzgado", sostuvo Casanello. En la resolución, el juez decidió enviar a Kreplak lo concerniente a una treintena de las afiliaciones falsas.
Sorpresivamente, el fiscal Carlos Stornelli (que había dado impulso inicial a la causa por lavado), luego cambió de opinión y se inclinó por validar la competencia electoral para que Casanello se desprenda de la causa.
En la Ciudad
También existe una denuncia que apunta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta por hechos similares de financiamiento de campaña. Apuntan no sólo a falsos aportantes, sino a empleados públicos con aportes directos tras incrementos salariales y, lo que es más grave, a pagos de contratistas de obra pública. Para Stornelli esa cuestión no tiene relación con el expediente principal por lo que la envió a sorteo: está en manos de Marcelo Martínez de Giorgi que debe definir si la acepta o se la devuelve a Casanello. La decisión puede quedar en manos de la Cámara Federal.
En cuanto a los posibles delitos investigados por el fuero federal de la causa a su cargo, Casanello argumentó : "Las diligencias aquí practicadas tienen por finalidad corroborar los hechos denunciados y si aquellos afectaron no sólo el normal desenvolvimiento de organismos de naturaleza federal con sede en esta ciudad de Buenos Aires con posible participación infiel de algún funcionario (mediante el presunto acceso a sistemas informáticos de ANSES, Ministerio de Desarrollo Social y/o INAES, entre otros), sino también si involucraron una hipótesis de lavado de activos de origen ilícito, tal como fuera presentado el caso por el denunciante (La Alameda) e impulsado por el acusador público".
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