Encapuchados, niños y conductores rabiosos compartieron por 30 horas el corte de la 9 de Julio.
El odioso corte de la principal avenida de la Argentina por un grupo de no más de 200 piqueteros -que el Gobierno logró levantar anoche con más concesiones a los revoltosos- se extendió durante más de treinta horas bajo la mirada inactiva de políticos, jueces y policías por la sola razón de que es una radiografía apasionante de las relaciones de poder en el oficialismo. El grupo de activistas, con los clásicos cochecitos con bebés para conmover al público y prevenirse de palos y gases, se plantó allí para quejarse de que el Gobierno les corta los víveres y los fuerza a adaptarse al corsé del sistema de la dádiva que administran los intendentes del conurbano alineados con el kirchnerismo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Anoche, "interlocutores" secretos del Gobierno lograron que los responsables de esa agresión al conjunto tengan preferencia frente a otros pobres menos orgánicos en ese nuevo sistema.
El plan de creación de 100 mil cooperativas con dinero público que administrarán los alcaldes del conurbano fue el primer golpe que hizo reaccionar a los activistas. El segundo fue la creación del sistema de asignación universal por hijo, que hace desaparecer miles de planes para pobres que dejarán de ser administrados por los jefes piqueteros. Es la victoria final del pejotismo del conurbano por encima del piqueterismo que surgió al amparo de los gobiernos de Eduardo Duhalde ("Si no fuera presidente, sería piquetero", dijo un día) y de Néstor Kirchner.
Con el resultado de anoche, los piqueteros avanzan varias casillas en una batalla de fondo que no ha terminado. Pero ante ese cóctel de cooperativas y asignaciones, los piqueteros sienten la amenaza de ser desplazados del poder que este Gobierno les dio, nada más que porque han dejado de ser útiles para el proyecto político del Gobierno. Un intendente es más útil que un jefe piquetero para que un Kirchner gobierne desde 2011.
Néstor Kirchner heredó y potenció en beneficio propio el legado duhaldista de los piqueteros; creó en la Secretaría de la Presidencia de Oscar Parrilli un verdadero ministerio para piqueteros y le asignó a un ministro sin cartera, Rafael Follonier, las relaciones con estos aliados resbaladizos. Los piqueteros presumen de ser una etapa superior del punterismo político, surgidos de la crisis de la dirigencia y que en sus respectivas vecindades desplazaron del poder al intendente, al puntero político, al comisario, a los partidos de la oposición, al cura y al narcotraficante. Se justifica en esa presunción -que tiene fuertes argumentos a su favor- que hayan logrado ser los administradores de la dádiva por encima de otras instituciones en la última década. Los medios que han logrado les permiten alardes de poder: se mueven con una logística superior que la de muchas formaciones políticas, usan camionetas, handies, organizan ollas populares, como la de anoche en la 9 de Julio, que cuestan mucho dinero.
Ahora, sin planes que serán reemplazados por la asignación universal y forzados a ir al pie de los intendentes del conurbano, temen el ocaso. Lo expresó el propio Luis D'Elía, hasta ahora fiel al Gobierno, cuando dijo que reconocía los logros de este Gobierno, pero que respalda los reclamos de los activistas de la avenida porque tienen razón. Con ese apoyo, y con el funcional Adolfo Pérez Esquivel como vocero, echaron mano del único recurso que les queda: la debilidad del Gobierno para poner orden en la calle, algo que le hizo creer al oficialismo que, si alguien no hacía nada, la 9 de Julio podía convertirse en un corte permanente como el de Gualeguaychú.
Los funcionarios de la Nación y de la Ciudad miraron ayer el conflicto entre los visillos de sus despachos. El Ministerio de Justicia que maneja la Policía esperó en vano que algún juez o un fiscal ordenase el desalojo por la fuerza. Los oficios secretos de los negociadores llegaron antes que ese mandato judicial. Con experiencia de baqueanos, los magistrados esperaron que el problema tuviera una solución política en manos de esos "interlocutores" de quienes le hablaron a Pérez Esquivel los funcionarios de Alicia Kirchner. No se los quiso identificar; si se los nombraba, podía correr peligro su integridad en manos de los más duros activistas que, seguramente, los sumarán a la lista de los traidores.
Mauricio Macri presionó al Gobierno a través de Guillermo Montenegro -visitante ayer de Alak- con el desalojo; cree que su público le reclama poner orden, no tiene Policía y quiso que Nación pagase el costo. Las dos administraciones jugaron durante un día y medio a que el público -el mismo que se acostumbró al corte de Gualeguaychú- se hartase y pidiera sangre. Los activistas resistieron en el conocimiento de que el Gobierno no quebrará nunca su política de no usar la fuerza -sólo se animó a hacerlo Daniel Scioli en la Panamericana y en la Ruta 2-. Por eso, los piqueteros que se quejan de intendentes de la provincia de Buenos Aires le escaparon a un corte en ese distrito. Saben que su protesta podía prosperar más en esa tierra de nadie en materia de seguridad que es hoy -gracias a quienes gobiernan- la Capital Federal.
