Cercado por gremio, otro gobernador denuncia complot

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El neuquino Jorge Sapag se sumó a imputaciones de intentos de «desestabilización»

Con la desaceleración de las remesas coparticipables, los desequilibrios financieros en el interior se profundizan casi a la par de la creciente presión salarial de los gremios, que buscan incluso arrancarles a los mandatarios provinciales una segunda recomposición de sueldo para lo que queda del año.

Como Santa Cruz, Córdoba, Chubut y Buenos Aires, también en Neuquén golpea la tensión sindical. En ese contexto, el gobernador Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino) advirtió a las agrupaciones de trabajadores estatales ante el anuncio de nuevos cortes de ruta que no hay posibilidades de dar ningún aumento y se preguntó si con su «actitud violenta» los gremialistas «quieren prender fuego a la provincia» o «provocar un golpe de Estado».

«El contrato social no lo rompo yo, lo rompen los anarquistas que reclaman fondos que no tenemos. ¿Qué quieren, desestabilizar al Gobierno elegido por el pueblo?», enfatizó Sapag, según consignó el diario Río Negro.

«No tengo dinero para dar ningún aumento; las cuentas de la provincia son públicas y este año existe un déficit de 1.000 millones de pesos producto de que las regalías hidrocarburíferas cayeron un 30%. Los gremialistas pueden decir cualquier cosa, menos ignorar las cuentas públicas», señaló.

Del mismo modo, en medio de un enrarecido clima de tensión gremial y puja por permisos para endeudarse, el titular del Ejecutivo santacruceño, el justicialista Daniel Peralta, denunció la semana pasada que «algunos sectores» -a los que no identificó- impulsan «un camino de desestabilización política» en la provincia.

Ayer, el gobernador de Córdoba, el peronista crítico José Manuel de la Sota, se reunió con los gremios que decidieron retomar las medidas de fuerza que habían iniciado días atrás en contra de la reforma previsional tras el fracaso el lunes de la audiencia entre la provincia y la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones.

A mitad de año, en Buenos Aires, el Gobierno de Daniel Scioli también debió dar especial atención a la presión gremial luego de anunciar el pago desdoblado de salarios, episodio que terminó finalmente con el auxilio de la Casa Rosada. La reforma impositiva fue otro de los ítems conflictivos para el mandatario bonaerense.

En Chubut, policías provinciales se amotinaron en las comisarías en agosto para reclamar mejores haberes y amenazaron a la gobernación de Martín Buzzi, durante más de una semana, con dejar sin seguridad al distrito.

En Neuquén, por caso, las protestas se multiplicaron esta semana y amenazan con endurecerse. De hecho, los delegados de ATE resolvieron el lunes -además de apoyar el piquete en la Ruta 22 a manos de los trabajadores viales- realizar hoy un acampe en las residencias del gobernador y mañana cortarán el tránsito en los puentes Centenario-Cinco Saltos y Cipolletti-Neuquén. UPCN y ATEN también preparan un plan de lucha que incluía ollas populares, cortes y manifestaciones.

Al respecto, Sapag apuntó que los cortes de ruta «son un delito sancionado por el Código Penal» e indicó que si se producen bloqueos totales al tránsito, «además de las correspondientes denuncias penales, iniciaremos sumarios administrativos a los responsables».

«Yo protesto ante manifestaciones ilegítimas como los cortes de rutas o la quema de cubiertas frente a la casa del gobernador», dijo Sapag y sostuvo que esta última actitud no es un escrache como pretenden algunos, sino un hecho violento para presionar al Gobierno.

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