Cerco total de España a Cataluña: amenaza ahora con detener a 712 alcaldes

La medida se suma al bloqueo judicial de la página web de la consulta y a la orden de que todas las fuerzas de seguridad de la región autónoma requisen material electoral.

“No lo impedirán”. El subterráneo y otros espacios públicos de Barcelona comienzan a llenarse de propaganda a favor de la independencia. La pelea entre Cataluña y el Gobierno central español es de resultado imprevisible.

Madrid y Barcelona - Más de 700 alcaldes de Cataluña dispuestos a organizar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, ilegalizado por la justicia española, se exponen a ser investigados y hasta arrestados, advirtió ayer la Fiscalía General, en momentos en que los independentistas ponían en marcha la campaña.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales en Cataluña citar en calidad de investigados a los alcaldes "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal" del 1 de octubre. En caso de que no comparezcan, el fiscal insta "a acordar su detención y presentación en Fiscalía".

Es un hecho "muy grave" y sin "precedentes", respondió Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), organización que cifra en 712, sobre un total de 948, a los alcaldes de Cataluña comprometidos con realizar el referéndum, por lo que podrían ser objeto de la orden.

La disposición amenaza con caldear más los ánimos, ya tensos tras la convocatoria del Gobierno regional a la consulta, pese a la prohibición y advertencias de Madrid, con la que planea declarar la independencia de esa rica región del noreste de España de 7,5 millones de habitantes.

"No tenemos nada que esconder y cuando tengamos que ir a declarar les diremos que nos debemos a nuestra gente y que seguiremos trabajando para que puedan votar el 1 de octubre", aseveró Lloveras ante periodistas.

Varios alcaldes reaccionaron con indignación, mientras que otros adelantaron que no acatarán la convocatoria.

"Pues que nos arresten. ¡Están locos!", reaccionó David Rovira, alcalde del partido PDCat (conservador e independentista) en la población de Espluga de Francoli, de 3.800 habitantes.

"Tiene que haber una posición de desobediencia en la totalidad de los alcaldes", dijo, en tanto, Montse Venturós, alcaldesa de Berga (16.000 habitantes) de la CUP, partido independentista de izquierda cuyos alcaldes no atenderán la llamada de los fiscales.

El presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, que también es objeto de una querella por diversos delitos por haber convocado el referéndum, escribió en Twitter: "712 alcaldes representan el 75% de todos los alcaldes catalanes".

Pero de las diez ciudades más pobladas, seis de ellas, incluidas Barcelona (1,6 millones de habitantes) y Hospitalet de Llobregat (250.000) se negaron hasta ahora a implicarse directamente en la votación.

Los catalanes se muestran divididos ante la secesión, aunque un 70% de ellos se inclina por celebrar un referéndum para decidirlo.

Entre pancartas que leían "Adiós España", un millón de personas se manifestaron el lunes en el centro de Barcelona por la independencia, en ocasión de la Diada, el día nacional.

La presión del poder central contra la posible secesión es furiosa. Se escuda en que la Constitución española no prevé mecanismos para tramitar procesos de independencia y ha cerrado toda posibilidad de una salida negociada, como la que llevó a Escocia a realizar en 2014 un referendo sobre su permanencia en el Reino Unido, que terminó con un triunfo de esa opción.

Esas presiones continuaron ayer con la decisión del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de clausurar la página web creada por el Gobierno catalán para informar sobre la consulta del próximo 1 de octubre, referendum.cat, según informó el diario El País en su página de internet.

Un día antes, el martes, la Fiscalía había ordenado a todas las fuerzas policiales que operan en Cataluña que actúen contra conductas de "autoridades, funcionarios públicos o particulares" dirigidas a la organización de la votación. Asimismo, dijo que la Policía Nacional española, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra (policía regional catalana) deben "proceder directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal". Esta orden pone en un brete a los Mossos, que dependen del Gobierno local, separatista.

Se supone que el "sí" a la independencia debería imponerse si el referendo se realiza, dado que los que se oponen a esa opción tenderían a ignorar una convocatoria cuya legalidad desconocen. Pero si el 70% de adhesión a la realización de la consulta que señalan los sondeos se traduce en un elevado nivel de participación y el "sí" se impone, el choque frontal entre los separatistas y el poder central se volvería inevitable.

En ese sentido, el jefe del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, llamó nuevamente a las autoridades catalanas a acatar la ley y las decisiones judiciales.

Pidió a los catalanes estar "tranquilos". Y agregó: "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal".

AFP DPA y Reuters,

y Ámbito Financiero