14 de octubre 2015 - 00:00

Chaco: advierten sobre Estado en riesgo por el embargo de jueces

Domingo Peppo
Domingo Peppo
Chaco - El fiscal de Estado chaqueño, Jorge Alcántara, confirmó que recurrirán todos los fallos judiciales que ordenen embargar fondos públicos provinciales para pagar las demandas millonarias impulsadas por magistrados y trabajadores de ese poder, en pos del cumplimiento de la denominada Ley de Enganche salarial.

"Si el criterio va a ser que se pueda trabar embargo o disponer de esos montos tal como requieren algunos magistrados, la caja del Estado sería absolutamente inviable y originaría la imposibilidad de que el Estado cumpla con su rol básico y esencial en materia de educación, de salud, de servicios sociales", advirtió.

Se trata de una problemática de dimensiones altamente riesgosas para las arcas locales: según un informe del Superior Tribunal de Justicia local reseñado por Alcántara, hay "una suma superior a los $ 900 millones en condiciones de embargarse, más un total de $ 600 millones, o sea $ 1.500 millones proyectados al año que viene".

"Algunos jueces proceden como si cobraran su sueldo de la Justicia de Suiza", disparó, además de advertir que esas sentencias no respetan la vigencia de la Ley de Emergencia Pública.

En ese marco, el Fiscal de Estado aclaró que no discute "la legitimidad del reclamo, después de 23 años de litigio". "Lo que se está discutiendo es la forma en la cual el Estado puede hacer frente a esa erogación sumamente significativa, que resulta imposible afrontar en un presupuesto provincial", enfatizó.

Por eso Alcántara destacó que el organismo que conduce apunta a defender "la caja del Estado, que es la caja de todos".

Las advertencias se dan en medio de la transición entre las gestiones del mandatario justicialista saliente Jorge Capitanich -flamante intendente electo de Resistencia- y el entrante, Domingo Peppo, quien asumirá el próximo 10 de diciembre.

En las últimas horas, el titular de la bancada de diputados provinciales justicialistas, Ricardo Sánchez, dijo que se trata -más allá de la legitimidad del planteo- de un "procedimiento de incautación de fondos públicos, que es absolutamente violatorio de todas las disposiciones legales".

"Hay $ 40 millones que se han embargado y dispuesto como si se trataran de fondos de particulares, con lo cual es evidente que necesitaremos una respuesta institucional", dijo, y enfatizó que "este tipo de cosas hay que conversarlas con Peppo porque cuando se siente en el sillón de Casa de Gobierno el 10 de diciembre no tendrá uno sino muchos casos como éste, lo que podría llegar a generar problemas importantes para la gestión".

Por de pronto, en el proyecto de Presupuesto 2016 enviado por Capitanich a la Legislatura se incluyen $ 200 millones para hacer frente al pago de las demandas por el incumplimiento hace 23 años de la Ley de Enganche Salarial, a partir de un aumento salarial de los miembros del Tribunal Superior que no se derramó sobre magistrados y trabajadores judiciales.

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