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Ciccone: Rívolo quedó fuera de la causa judicial
Cuando ya se habían cumplido los tiempos para resolver un pedido de apartamiento de Rívolo presentado por la defensa del empresario José María Núñez Carmona, amigo de Boudou, el juez Lijo optó por una salida lateral: sumó el denominado «caso Ciccone» a la investigación por enriquecimiento ilícito. De este modo, el planteo de recusación quedó abstracto y al mismo tiempo cesó la participación de Rívolo.
En su lugar quedará el fiscal Jorge Di Lello, que ya tomaba participación en un sumario por presunto «tráfico de influencias» -a partir de una denuncia de Boudou- y en el relacionado con el patrimonio del vicepresidente.
El magistrado pudo eludir así pronunciarse sobre el desempeño del fiscal, que había sufrido cuestionamientos por parte del abogado Diego Pirota, representante de Núñez Carmona. El caso Ciccone ya había perdido antes a su juez de origen, Daniel Rafecas, también objetado por la defensa de los acusados y cuyos argumentos fueron recogidos por la Cámara Federal.
La razón principal para acumular los expedientes es que la causa por supuesto enriquecimiento ilícito ya avanzó hasta el pedido del fiscal Di Lello de abrir las pesquisas en esa línea. Además, la semana pasada el representante del Ministerio Público pidió investigar a Boudou; a su novia, Agustina Kampfer; a Alejandro Vandenbroele, de la ex Ciccone, y a Núñez Carmona, así como sus propiedades, ingresos y sociedades vinculadas.
Ayer Lijo aprovechó para dar señales de impulso en ambos expedientes. En la causa de la ex Ciccone validó el allanamiento que había encabezado Rívolo semanas atrás en un departamento de Boudou que alquilaba a un tercero, y cuyas expensas, según el fiscal, habían sido pagadas al menos un mes por Vandenbroele. En esa resolución, el magistrado se ocupó de validar los pasos dados por Rívolo y de destacar el valor de su tarea durante la investigación.
Pero además, Lijo ordenó varias medidas en las causas acumuladas respecto de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele, Kampfer, y de Juan Carlos López (mencionado en la denuncia por presunto enriquecimiento como socio de varias empresas y supuestamente ligado al vicepresidente) y Sandra Rizzo, marplatense y empleada de ANSES, de quien se sospecha podría estar relacionada con las firmas mencionadas en la presentación original.
Al inicio de su resolución dispuso levantar el secreto bancario y fiscal de los denunciados. Entre las medidas figuran pedidos de informes a la AFIP (declaraciones juradas, Bienes Personales y otros tributos); a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, de Buques y de Aeronaves; a la Inspección General de Justicia y a los registros de comercio del interior; al Banco Central; a la Unidad de Información Financiera; a la ANSES, y a la Oficina Anticorrupción. En todos los casos se requirió el historial de los mencionados en la denuncia.
En tanto, respecto de la denuncia presentada por Boudou contra socios del que había sido el estudio jurídico del exprocurador general de la Nación Esteban Righi y contra el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, el fiscal Di Lello envió ayer cédulas para citar a dos testigos ofrecidos por los abogados del vicepresidente. Se trata de personas que, según la defensa de Boudou, presenciaron la instancia en la que el vicepresidente fue visitado por socios del estudio jurídico para supuestamente convencerlo de contratar sus servicios, y otra en que Gabbi presuntamente le hizo advertencias a las que tildó de «mafiosas».


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