Cinco millones de ilegales en vilo hoy por fallo de la Corte

Barack Obama, según pasan los años. La Casa Blanca es un lugar desgastante que hace que siete años dejen una huella evidente. Uno de los dolores de cabeza del último tramo de su mandato es el tema migratorio: su partido le exige que frene las deportaciones, pero carece de instrumentos legales para hacerlo.

  Washington - La Corte Suprema de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro migratorio del país y el de más de cinco millones de indocumentados que podrían evitar la deportación: todo depende de que acepte hoy considerar el caso de los decretos del presidente Barack Obama y falle a su favor.

Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se había comprometido a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está "roto". Sin embargo, los republicanos en el Congreso no permitieron que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.

Así, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, cruzó los límites constitucionales.

Primero, favoreció en 2012 a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños, a través la llamada acción diferida o DACA. Luego, en 2014 amplió esas exenciones a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA). Todas esas medidas pretenden, en palabras de la Casa Blanca, "dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias".

Liderados por Texas, un total de 26 estados -la mayoría gobernados por republicanos- presentaron una demanda contra los decretos del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.

El Departamento de Justicia anunció en noviembre que llevaría el caso al alto tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que decidió mantener la suspensión de las medidas tras meses de deliberación.

La decisión del Gobierno de plantear el caso ante la Corte Suprema era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios generales del próximo 8 de noviembre. Todo en medio de crecientes presiones del oficialismo y sus precandidatos presidenciales sobre Obama (ver nota aparte).

Varios grupos de activistas proinmigrantes, como Casa de Maryland, se reunirán frente a la sede del tribunal en Washington a la misma hora en la que los jueces deberán hacer público si toman o no a consideración el asunto, con el objetivo de subrayar su impacto social.

Cada año, la máxima instancia judicial del país recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.

Agencia EFE y Ámbito Financiero