18 de agosto 2011 - 00:00

Ciudad apela por cámaras en colegios

Esteban Bullrich
Esteban Bullrich
El Gobierno porteño anunció ayer que apelará la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori, quien dispuso suspender la instalación de cámaras de seguridad en el exterior de algunas escuelas de la Capital, a raíz de un planteo que hicieron padres de determinados alumnos.

El anuncio de la apelación a dicha medida fue realizado por los ministros de Educación, Esteban Bullrich, y de Seguridad, Guillermo Montenegro, quienes además cuestionaron el fallo de la jueza y señalaron que «no se comprende».

«De ninguna manera vamos a instalar cámaras dentro de las escuelas. Las ponemos fuera de los colegios, en el perímetro, para vigilar el ingreso al edificio y prevenir» episodios delictivos, dijo esta mañana el ministro Bullrich, en declaraciones a varios medios de prensa. Por su parte, Montenegro coincidió con esas apreciaciones y sostuvo que lo que se busca con la instalación de estas cámaras «es cuidar los bienes» de las escuelas y «no ver si los alumnos se tiran tizas o se copian».

El titular de la cartera de Educación de la Ciudad remarcó: «Se ha trabajado en un protocolo para la instalación de estas cámaras y se le ha explicado a la jueza. Por eso no comprendemos (la medida). Hay una demanda de parte de las escuelas que queremos satisfacer y por eso se instalan las cámaras, que van a funcionar fuera del horario escolar para ayudar a prevenir el delito».

También Bullrich sostuvo que la medida de la jueza Liberatori «frena la instalación de las cámaras sólo en las dos escuelas donde hubo padres que hicieron la presentación», y no en las demás instituciones.

La jueza, en su fallo, señala que se prevé instalar cámaras en 16 colegios de Lugano y en una docena en el barrio de Villa Soldati, y al tratarse de dos de los barrios más pobres de la Ciudad, entiende que la decisión sobre la instalación de dispositivos en esas zonas refleja una «visión criminalizante de los habitantes».

La jueza evaluó que en el caso se planteó un conflicto de intereses entre el derecho del Estado a proteger bienes públicos, y por otro lado, el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes que concurren a los colegios.

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