• La oposición le toma cariño a la teoría de la muchedumbre como acto. • Consiente ya prácticas del populismo que criticó. • Las tesis de la Dra. Carrió, la Riquelme de la política. • No hay otro camino en un país con tamaña crisis política. • Gobiernan cronopios y se oponen los famas. • Una semana de fotos opositoras que evocan otros retratos noventistas. • La ley de trata enfrenta doctrinas contrarias, el derecho a la libertad individual y la sanción a la esclavitud que es toda prostitución.
Eduardo Duhalde, Chacho Álvarez
La colectividad de los políticos, que no se priva de nada, se entregó esta semana a otra efusión del signo de los tiempos: el reconocimiento, desde ángulos doctrinarios diversos, de la muchedumbre como sujeto de la vida colectiva. Esto lo había asumido temprano, en la última década, el peronismo, que tiene en su ADN el emblema de las patas en la fuente. Antes de que Ernesto Laclau ingresase a Olivos o que Toni Negri entrase en las lecturas de la cúpula, Eduardo Duhalde ya había consagrado esa línea con la frase: «Si yo no fuera presidente, sería piquetero». Con el ciclo K ese formato se perfeccionó con las lecturas del profesor Laclau, doctrinario desde las brumas del septentrión -es profesor en una universidad británica- que avanzaron en una ligera justificación del populismo y del decisionismo, alabando el diálogo desde el micrófono con la muchedumbre o justificando la perpetuación de los mandatarios en el poder porque el demoliberalismo, imagina, usa la alternancia en el poder como mecanismo para impedir el cambio. No importa de qué cambio se trate, pero el cambio vende en sí mismo como leyenda que encubre un solo objetivo, el de todos los políticos desde la antigüedad, permanecer en el mando con la agencia que sea, cambiantes según los momentos, como lo prueba la última década en la Argentina. A Toni Negri lo han leído menos porque escribe largo y su prosa es hegelianamente complicada; además él no termina de entender cómo, por estas costas, el cambio lo piden las clases medias que encarnan algaradas como la de Duhalde -un espécimen de la burguesía del área metropolitana, y no del proletariado- como dicta el marxismo clásico. Tampoco sirve mucho este exinsurgente italiano, autor de la obra monumental «Imperio», porque no termina de explicar qué rol tiene el populismo si renuncia, como lo hizo en el último cuarto de siglo, a la piedra de bóveda de la doctrina que es la tesis de la alienación. Los gobiernos populistas de esta zona y del resto del continente construyen alienación, no la sancionan ni intentan combatirla, como decía el manual que yace, como el arpa de Bécquer, del salón en el ángulo oscuro / de su dueña tal vez olvidada / silenciosa y cubierta de polvo.
La oposición al kirchnerismo ha entendido ese curso de los hechos, después de resistir durante años criticando al peronismo gobernante por alentar la seguridad jurídica, y pidiendo un retorno a los valores e instituciones republicanas. Le empezó a tomar gusto a la música populista con las concentraciones de 2008 en Rosario y en el Monumento de los Españoles, desde donde la muchedumbre metropolitana resistió con éxito la Resolución 125. Esas manifestaciones habían tenido algún preámbulo antipoder con las marchas Blumberg de 2004, que le hicieron cambiar la agenda de seguridad a Néstor Kirchner con el relevo en el Ministerio de Justicia de Gustavo Béliz -entonces un adalid del garantismo- por Alberto Iribarne, que venía de ser el viceministro del Interior de Carlos Corach durante el ciclo del peronismo menemista. Terminó la oposición enamorada del método con las algaradas del 13 de septiembre y del 8N y con el éxito de esas protestas ha decidido adoptarlo como método principal. En esto termina doblegado por la doctrina de las patas en la fuente y se allana al curso impuesto por el peronismo desde 2002, cuando Duhalde mandó a hostigar a la Corte Suprema aquel viernes cuando lo amenazaron con que iban a voltear la pesificación.
La vocera de esta doctrina como eje de la oposición fue Elisa Carrió, quien dedicó a explicarla en un raid por los programas de cable. La diputada es -más allá de su suerte cambiante- una de las intérpretes más solventes del humor colectivo y sobre eso basa su identificación con el público de clase media. A propósito de la sentencia de la Cámara Civil y Comercial que prorrogó el amparo al monopolio Clarín -medio al que Carrió le negó antes del voto por ejemplo a la ley de bienes culturales, otra norma que tenía nombre y apellido y la reclamó al Congreso el grupo cuando gobernaba Duhalde- dijo que eso ha sido posible porque el pueblo, la gente, o sea la muchedumbre de clases medias, protege a los jueces del acoso de los políticos. Ese nuevo sujeto que despuntó en la batalla por la Resolución 125 es el que protegerá, profetizó, a los magistrados de la agresión de los partidos políticos. El lujo discursivo de «Lilita» se distancia del más grueso que usa Laclau (un militante, antaño, del FIP del «Colorado» Jorge Abelardo Ramos, a quien ha calificado, sin ruborizarse, como el pensador político más importante de la segunda mitad del siglo XX), pero ese allanamiento de la oposición anuncia más tempestades en un país que vive una crisis política profunda desde hace una década en la que los gobiernos -y ahora opositores- son más víctimas que victimarios. Su responsabilidad es, en todo caso, no hacer algo para estudiarla como un fenómeno de pérdida de poder por parte de todos los actores y una traslación de las fuerzas a un colectivo imaginario como es la muchedumbre. Hasta ahora la oposición se movía dentro de un pensamiento institucionalista y metía con algo de vergüenza las patas en la fuente. Cuando más, siempre dentro de los reglamentos, ensayaba esa forma algo melancólica de parlamentarismo que es convocar a sesiones extraordinarias sin quórum y aprovechar la cobertura por TV. (El oficialismo le respondió con otro atajo, también populista, de las sesiones especiales, con lo cual se acortan los plazos de vigencia de dictámenes, etc.).
¿Tienen los políticos argentinos de hoy otro camino que zambullirse en el populismo? No, más cuando todas las fuerzas han sumido la vida partidaria en el letargo, han suprimido el debate interno, han convertido las elecciones en un festival de listas únicas encabezadas por cuentapropistas que van a las urnas sin competencia, sin programa, y cuando sus cargos lo hacen sin mandato más que el posibilismo. Es una ironía que la oposición termine condenada al populismo y el culto a la muchedumbre cuando gastó tantos cartuchos institucionalistas y cuando ha producido en la última semana dos fotos que pueden llamar a la confianza en sus fuerzas. Una se registró el lunes, en el Comité Nacional de la UCR, en donde todo el arco opositor se comprometió a estar unido en la defensa de principios que entiende, el oficialismo no respeta. La segunda fue la de las 110 firmas para reclamarle al Gobierno la inclusión del proyecto de baja de ganancias sobre los salarios en las sesiones extraordinarias. Quedaron a casi una veintena de votos del quórum, algo que preocupa al peronismo del Congreso al que le costó lograr el número para el tratamiento de temas clave, como el recorte de los fondos al Banco Ciudad. Estos retratos son alentadores porque le dan alguna formalidad a una política estragada por ese demonio que envenena la vida pública que es la intransigencia, un elemento tan deletereo como lo es otro veneno que lo distorsiona todo, que el concepto de militancia. Un rasgo que afilia a la política con su contrario, que es la obediencia debida y la clausura del debate y del alma de esa ciencia que, diría el riojano, es también un arte, que es la transigencia. Aunque no sea claro que esas fotos se traduzcan en iniciativas sólidas ni en votos, no hay que olvidar que otras fotos sí lo lograron; la más recordada es la que mostró juntos el 8 agosto de 1994 a Chacho Álvarez, José Bordón y Federico Storani. Fue un par de semanas antes de la jura de la nueva Constitución reformada ese año y aquel retablo disparó un proceso que cambió el rumbo político y llevó a la Alianza al Gobierno en 1999.
La confianza en el método populista ejercido desde el Gobierno no es nuevo en el peronismo, en especial en su relación con los medios, con un Menem que diferenciaba entre opinión pública y opinión publicada. Lo reforzó el Kirchner que asumió con menos votos que el riojano y buscó legitimarse deslegitimando a todos los centros de construcción de políticas, fueran los medios, los sindicatos, el CARI, el Congreso, la Iglesia, los gobernadores o los partidos políticos. Cristina de Kirchner ha atendido a los jueces en la última semana con dos motivos, la causa medios y también el fallo en el caso Verón en Tucumán. No es nuevo porque antes criticó a jueces laborales o a los federales, quienes, dijo un día, cobraban por la libertad de los encausados. Ni hablar de la campaña desde 2003 por la destitución de la anterior Corte de Justicia. No se apartó el Gobierno peronista de una relación enojosa con ese poder, encerrada en ese argentinismo difícil de explicar: ese partido domina el Senado desde 1983 y desde 1996 el Consejo de la Magistratura, los dos órganos para designar y destituir jueces. Los que no fueron propuestos por el peronismo fueron negociados en esas dos instituciones con los radicales en los últimos 30 años. Ni eso ha bastado para que haya alguna relación de armonía por algún tiempo. Ese poder que ha tenido el peronismo quizás no ha podido quebrar la demografía de la Justicia, que actúa, como en todo el mundo, con los políticos como una de sus clientelas principales. Como en otro lados, también, los jueces suelen esperar que los políticos pierdan poder para subirlos al patrullero. Por eso las relaciones se tensan cuando un Gobierno se acerca a su final o sus mandatarios no se pueden prolongar en el tiempo.
Si se recogen las metáforas de la tribuna, el Gobierno pide democratizar jueces haciendo un juego de espejos y sobreentendidos que parecen expresar una crítica por los fallos en el tema medios, usando el desprestigio del fallo Verón en Tucumán. Sin quererlo, seguramente, disparó los incidentes del miércoles ante la casa de una provincia gobernada por uno de los mandatarios predilectos de Olivos y cuya esposa es la presidenta del Senado. Es toda una responsabilidad. Del otro lado, la oposición -a través de Carrió- pone al mismo pueblo que se agrió ante el fallo Verón y rompió vidrios, como defensor de los mismos jueces que el Gobierno critica. Un enfrentamiento de los dos criterios sólo puede anunciar más crisis política. Si se usa la metáfora de Umberto Eco, la crisis cambió los roles. Los gobiernos deben ser ejercidos por apocalípticos (es decir, conservadores,aquellos que se horrorizan ante el cambio) no por integrados (o sea, quienes se avienen a las vanguardias) la oposición tiene la libertad de actuar, cortazarianamente, como cronopios frente a administraciones formadas por famas. De eso se extrañará Toni Negri cuando ve que por acá hay gobiernos que actúan de manera «integrada» con gestos de cronopios y la oposición, entre famas y apocalípticos termina pidiendo la toalla y pide también actuar como quienes los gobiernan. Un dilema para Carrió, a quien le sobran diplomas para discutir con Negri o con Laclau y siempre aporta algo. La diputada es como el Riquelme que describía Peckerman: cuando está ausente del juego es porque está pensando el partido, o como el que describió el técnico del Barcelona Louis Van Gaal: cuando tiene la pelota es el mejor del mundo, cuando no la tiene jugamos con uno menos.
El mazazo sobre la opinión pública que fue el fallo en el caso Verón despertó el interés de las sesiones extraordinarias que se convocaron ayer. Existía antes del cierre de esta legislatura una presión de la oposición por desbloquear la discusión del proyecto de ley contra la trata de personas. Le reprochaban al oficialismo no admitir su discusión sin que nadie atinase a dar una explicación, porque si de algo no se le puede acusar a este Gobierno es de no haber promovido acciones contra esa atrocidad. Quien bucease en busca de alguna razón encontrará que las bancadas están divididas por un punto doctrinario sobre la trata de personas y la prostitución. Un sector entiende que cualquier forma de prostitución es esclavitud y que debe ser sancionada como delito de lesa humanidad. Otro, en cambio, que esa posición choca con los derechos individuales de quienes eligen esa actividad como un medio de vida, como por ejemplo las asociaciones de meretrices. Se enfrentan, como en otros asuntos, dos derechos que reclaman además grupos sociales con los cuales la sociedad tiene una deuda que nunca pagará por siglos de discriminación, como son las mujeres y los gays. Una de las novedades de este tiempo es la conciencia de respeto a esas condiciones: la de la mujer se intenta proteger con la represión de la trata. La de los homosexuales hunde el asunto en las contradicciones de la sociedad actual, que no considera que la prostitución ejercida por travestis -padrón creciente dentro de esa actividad- sea esclavitud. Por eso no abunda la protección de esas víctimas de la prostitución que tienen los mismos rufianes y protectores policiales que las prostitutas, pero que están incluidos porque se trizaría el respeto que se tiene por la identidad sexual de los trabajadores, por ejemplo, del parque Tres de Febrero de la Capital. Es difícil debatir esto porque abundan los argumentos canallas y la hipocresía en temas que están también cercados por la canalla. Pero ahí hay que buscar la explicación de que haya sido necesario el fallo Verón para que la Presidente le ordenase a su bloque de Diputados apruebe antes de fin de año la esperada norma.
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