Código Procesal: arranque con pelea por extranjeros en Senado

Julio Alak apela a la paciencia ayer en la primera reunión de comisiones por el nuevo Código Procesal Penal. Junto a Julián Álvarez explicaron el proyecto. Guerra entre oposición y Pichetto por la expulsión de extranjeros.

No tuvo inicio pacífico el debate en el Senado por el nuevo Código Procesal Penal. No fue una sorpresa: hasta el kirchnerismo tiene posturas divididas, aunque como siempre en privado, sobre temas clave de la reforma, como la expulsión de extranjeros. Los cruces y acusaciones amenizaron toda la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Justicia y Legislación Penal.

Julio Alak y Julián Álvarez fueron ayer al Senado a explicar el proyecto, pero la visita no alcanzó para salvar a Miguel Pichetto de su obligado rol de defensor, en algunos casos de lo imposible.

En la escena pudo verse al jefe del bloque kirchnerista peleándose a cuatro manos con toda la oposición. Hasta con el santafesino Rubén Giustiniani, que a una de sus quejas sobre la expulsión de extranjeros detectados in fraganti delicto en casos de narcotráfico, recibió como respuesta de Pichetto: "Santa Fe es la Medellín de la Argentina". Desde cerca, el radical Gerardo Morales se metió: "Y la Argentina es la Colombia de Latinoamérica".

Con más calma, Pichetto se metió después en la discusión de la expulsión de extranjeros prevista en el proyecto, tema que a pesar de las explicaciones del ministro y su secretario de Justicia se convirtió en el centro de las discusiones.

Es cierto que Sergio Berni no ayudó ayer a mantener la calma en el Senado. Más temprano el secretario de Seguridad había dicho sobre el episodio que vivió Carlos Stornelli: "Esto ha tomado estado público porque se trató de la figura de un fiscal de la Nación. Pero puedo asegurar que esto es lo que pasa todos los días y es una muestra más que significativa de lo que venimos sosteniendo desde hace más de tres años: que estamos infectados de delincuentes extranjeros".

Para la política, entonces, el debate del Código Procesal Penal se convirtió en una discusión sobre la cambiante política del Gobierno en seguridad y si este nuevo camino marchaba de la mano de la xenofobia o se refería a un hecho real.

En el comienzo de la reunión de comisiones, Alak explicó que el nuevo Código "acortará los plazos y garantizará mayor transparencia a través de la oralidad", y continuó: "Es producto del desarrollo jurídico realizado por las provincias, que fueron las pioneras del sistema acusatorio".

El ministro puso como ejemplo de la ineficacia del actual sistema "la altísima proporción de procesados sin condena" que alojan las cárceles argentinas, que "alcanza el 60%, contra el 30% de la media mundial, y llega al 80% en el caso de los internos jóvenes adultos".

Álvarez le agregó: "Se trata de un procedimiento ágil y sencillo, que termina con el ritualismo y con las chicanas judiciales".

"Una vez ingresado el hecho, el fiscal forma un legajo y en quince días debe tomar una decisión. La más relevante, que es la de continuar con la causa, es la de formalizar la investigación. A partir de allí, el fiscal solicita una audiencia donde se cita al defensor y al juez", dijo Álvarez.

El funcionario también indicó que el fiscal puede "desestimar el caso o puede archivar la causa por imposibilidad probatoria o de individualización de sus autores. Si no está individualizado el autor del delito, la investigación se extiende hasta que el delito prescriba", explicó.

En general, no apareció en la reunión la rigidez total en los argumentos que el kirchnerismo muestra cuando hacia adentro de la bancada existe convencimiento absoluto.

Sobre todo en el tema extranjeros, que, aunque tiene un alto rédito electoral proyectado (más cuando se apela al clásico de identificar al enemigo que llega desde las fronteras), en lo técnico levanta serios cuestionamientos.

Por eso Pichetto, de todas formas, reconoció que "si hay que hacerle alguna modificación vamos a hacerla", y aceptó que "ha crecido el narcotráfico".

Explicó el rionegrino que el artículo referido a la expulsión de extranjeros apunta a delitos "menores"; "un tema no previsto en el Código y que habría que discutir es los delitos graves".

"Delitos como la trata de personas o el narcotráfico, en mi opinión, tendrían que tener una pena de prisión y luego la expulsión del país", afirmó.

Otro punto despertó aún más dudas: "Quieren incluir el decomiso anticipado de bienes producto de la protesta social", dijo el radical Morales. "Se quiere quedar con los bienes de los gremios que protesten en la calle al incluir el artículo 41 quinquies del Código Penal" que tipifica los actos terroristas. Advirtió también que la propuesta no incluye el decomiso anticipado de los bienes producto de narcotráfico y la trata de personas que "ha sido sancionado en este Senado recientemente", dijo.

Morales pronosticó que "se va a terminar persiguiendo y estigmatizando a los extranjeros" sobre los inmigrantes que sean sorprendidos cometiendo un delito in fraganti, quienes serán expulsados lisa y llanamente según el proyecto del Gobierno. "Esta norma no sirve. Es ineficaz. Viola las garantías constitucionales de los artículos 16, 18 y 20. No garantiza ni la defensa en juicio ni el principio de territorialidad, tampoco el de igualdad ante la ley", explicó.