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Comienza el juicio por el affaire de coimas que casi tumba a Lula
Luiz Inácio Lula da Silva
El eje de la acusación en la que están imputadas 38 personas es el exbrazo derecho y exjefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, una de las figuras míticas de la izquierda brasileña y del PT.
El procurador general de la República, Roberto Gurgel, envió al Supremo Tribunal Federal (STF, Corte) un documento en el que afirma que el caso «es el más osado y escandaloso sistema de corrupción y de desvío de dinero público detectado en Brasil».
La prensa se ha posado sobre los acusados y sobre el rol que durante un mes tendrán los jueces ministros del STF que deberán evaluar si existen pruebas para la acusación que cambió para siempre al Gobierno de Lula y al PT.
El PT sostiene que los 20 millones de dólares que circularon por bancos y empresas de publicidad, pasaron por sus cajas y fueron a parar a partidos aliados no son sobornos, sino un sistema de financiación de campañas.
«La acusación no se sustenta con pruebas. No hubo compra de votos en el Congreso Nacional, tampoco hubo pagos mensuales ni de ninguna forma a parlamentarios para que voten a favor del Gobierno», afirmó el fin de semana Rui Falcao, presidente del PT.
El caso quedó conocido como «mensalao» (sobornos mensuales) porque uno de los supuestos beneficiarios y procesados, Roberto Jefferson, presidente del conservador Partido Trabalhista Brasileño (PTB), lo denunció al diario Folha de Sao Paulo, cuando apuntó contra toda la cúpula de su aliado hasta entonces, el PT.
El caso tuvo contra las cuerdas a Lula, ya que se conoció en su tercer año de Gobierno y explotó en sus narices, alcanzando directamente al acusado de comandar el supuesto sistema de pagos ilegales, José Dirceu, quien insiste en que no existen pruebas en su contra.
Exguerrillero que combatió a la dictadura, exiliado en Cuba y fundador del PT, Dirceu era jefe de Gabinete de Lula y considerado el sucesor natural del exsindicalista. Su renuncia en 2005 permitió el acceso al ministerio más importante de la entonces titular de Minas y Energía, la actual presidenta, Dilma Rousseff (ver aparte). En su momento, Lula pidió «disculpas» a la población, y la oposición se negó a montar un juicio político, calculando que al año siguiente el primer obrero que llegaba al poder perdería la reelección, algo que no ocurrió.
La acusación indica que un contrato del estatal Banco do Brasil con la agencia del publicista Marcos Valerio, que recibía préstamos de bancos privados, sirvió para circular dinero entre 18 parlamentarios.
El PT argumenta que nunca pudo pagar los llamados sobornos a su propia tropa y a partidos aliados porque ya estaban dentro de la coalición oficialista y, desde 2005, tomó el escándalo como un intento de golpe contra la izquierda brasileña por parte de los sectores liberales y conservadores.
Toda la prensa brasileña está enfocada en el juzgamiento del mensalao. La revista opositora Veja publicó en su tapa una fotografía de Dirceu -que la procesa por invasión de privacidad- con la frase «Reo», mientras que los canales de televisión se preparan para el gran hecho político del año.
El juzgamiento debe durar durante todo agosto y apenas la presentación del procurador demorará el jueves unas cinco horas.
Son 38 acusados, entre ellos uno famoso en América Latina, el publicitario y experto en marketing electoral Duda Mendonça, quien habría cobrado en forma clandestina y en el exterior por sus servicios a favor del PT. El extesorero del partido, Delubio Soares, asumió la responsabilidad en haber montado una «caja 2» para sustentar campañas de aliados menores, aunque negó que se tratara de sobornos.
Este sistema de financiación ilegal de campañas no es nuevo en Brasil. El propio Valerio es el publicista que está acusado de usar el mismo método de pago ilegal de campañas en Minas Gerais en 1998, año de la reelección de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El «juicio del siglo», como publicó la revista Istoé, tendrá como pelea de fondo la campaña electoral para las elecciones municipales, lo que según analistas podría perjudicar al PT en caso de que sus dirigentes sean condenados.
El juez del STF Gilmar Mendes acusó a Lula de haberlo presionado para que el caso fuera tratado después de las elecciones del 7 de octubre, algo negado por el expresidente.
Mendes fue el abogado general de la Unión de Cardoso, quien lo elevó a juez de la máxima corte. Según publicó la revista Carta Capital, que respaldó oficialmente a Rousseff en las últimas elecciones, el juez Mendes figura como beneficiario de la «caja 2» del PSDB de 1998.
«Contra los que claman por el linchamiento moral, por la condena política a nuestros compañeros, nuestra expectativa es que los jueces del STF firmen su convicción y se pronuncien exclusivamente en base a pruebas», pidió el presidente del PT.
El procurador general, por su parte, en el escrito presentado ante la Corte el viernes, sostiene: «La actuación del Supremo Tribunal servirá de hito histórico para la sociedad, para que los actos de corrupción, epidémicos en Brasil, sean tratados con el rigor necesario».
Agencia ANSA
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