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Comienza hoy juicio a exmandatario de Islandia por crisis
El Gobierno de izquierda, al mando desde 2009, había tratado de impedir que la moción de Benediktsson fuera discutida, presentando una contrapropuesta hace un mes, pero varios diputados rompieron entonces la disciplina de partido y votaron con la oposición.
Haarde también cuenta con el respaldo del obispo de Islandia, Karl Sigurbjörnsson, quien en su sermón de Año Nuevo calificó el juicio de «desgracia» para el país. Y el apoyo popular al proceso parece haber disminuido: hace un año dos de cada tres islandeses se mostraban a favor, pero los últimos sondeos reflejan un empate entre partidarios y opositores.
Que Haarde sea el único político procesado ha generado críticas a ambos lados del espectro político, así como el polémico papel de los socialdemócratas, que formaban parte de su coalición de gobierno y ahora dirigen el país junto con el Movimiento de Izquierda Verde. Algunos señalan también a David Oddsson, primer ministro conservador entre 1991 y 2004 y principal impulsor de la política neoliberal que acabó colocando a Islandia al borde la bancarrota.
Y aunque el fiscal especial ha abierto decenas de casos por corrupción contra directivos -como la cúpula del que era el primer instituto crediticio del país, el Kaupthing-, los dueños de los bancos no se han visto afectados.
Destitución
El día que el Althingi tumbaba la moción de Benediktsson, la Autoridad de Supervisión Financiera destituía a su director, Gunnar Andersen, por no haber informado de la creación de filiales del Landsbanki en un paraíso fiscal cuando era uno de sus directivos. Gunnar Andersen, al que también se acusa de conseguir de forma ilegal información sobre un exministro, niega todo y dice que su destitución la han impulsado personas que quieren evitar ser objeto de la investigación del organismo que dirigía hasta hace tres días.
Pese a las investigaciones y los procesos en marcha, la primera condena vinculada a la crisis no fue a banqueros ni políticos: un tribunal sentenció el año pasado a cuatro ciudadanos a penas menores por entrar de forma ilegal en el Althingi en las protestas populares de fines de 2008, que provocaron la caída del Gobierno de Haarde.
La defensa se centrará en que Haarde no podía intervenir en la actividad de los bancos y que la fiscalía debe demostrar que efectivamente sus decisiones llevaron al crac bancario.
Agencia EFE


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