Pese a las expectativas iniciales del Gobierno de contar con al menos cuarenta oferentes, sólo once empresas, entre ellas Petrobras, participarán de la subasta. Además de la compañía estatal brasileña, se inscribieron las chinas CNPC y CNOOC; Petrogal, empresa portuguesa subsidiaria de Galp; Repsol Sinopec Brasil, que pertenece conjuntamente a España y China; Mitsui de Japón; ONGC de India; Petronas de Malasia; la anglosajona Shell; Ecopetrol; de Colombia y Total de Francia.
En declaraciones a la agencia oficial de noticias ABR, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, dijo ayer que nueve grupos habían depositado la garantía para participar en la subasta del mayor campo de petróleo en aguas ultraprofundas, la llamada capa de presal. "Como el valor depositado no es pequeño, se supone que esos grupos están interesados. Lo importante es que haya participantes, sea uno o más", dijo.
El campo de Libra está localizado a 180 kilómetros de las costas de Río de Janeiro y a unos 7.000 metros de profundidad, tiene una superficie cercana a los 1.500 kilómetros cuadrados y un potencial de crudo recuperable aproximado de 12.000 millones de barriles, lo mismo que ha extraído Petrobras en toda su historia. Cuando alcance del apogeo de su producción, alrededor de 15 años después de comenzadas las operaciones, se estima que producirá 1,4 millón de barriles por día. Actualmente, fuera del presal, Brasil produce un total de unos dos millones de barriles diarios.
Esta subasta es la primera que se realiza con la nueva ley petrolera, sancionada en 2010, y en la que participó la presidenta Dilma Rousseff, que es una experta en asuntos de energía, en la que se establece que Petrobras debe tener una participación mínima del 30% en el consorcio ganador y ser el único operador de la futura explotación del gigantesco campo petrolero. Además, el Estado brasileño deberá recibir al menos un 41,6% del petróleo extraído.
Para el Gobierno, la empresa estatal brasileña es candidata a vencer, posiblemente en sociedad con otra empresa. "Tiene condiciones, tiene recursos en caja para afrontar las inversiones", afirmó el ministro de Economía, Guido Mantega, quien agregó que el presal "es importante porque va a generar un volumen de inversiones inéditas, de 180.000 millones de dólares en 35 años".
De acuerdo con el diario O Estado de Sao Paulo, en la licitación de Libra, lo más probable es que se forme un consorcio entre Petrobras y alguna de las tres compañías chinas que participarán en la disputa que llevan años interesadas en los yacimientos brasileños pues le garantizarán a China contar con reservas para alimentar su crecimiento económico.
La subasta enfrenta, sin embargo, una férrea oposición de la sociedad. Los sindicatos vinculados al sector impulsan desde el viernes una huelga a nivel nacional que ya abarca 42 plataformas en la cuenca de Santos, donde se encuentra el campo de Libra.
En tanto, los trabajadores y otras organizaciones convocaron a un acto masivo hoy frente al hotel Windson, donde se realizará la licitación. Para evitar que la protesta interfiera en ella, la presidenta Rousseff convocó al Ejército para hacerse cargo de garantizar la seguridad.
Cerca de 1.100 soldados se apostaron anoche en las inmediaciones del edificio, apoyados por agentes de las policías Federal, Caminera, Civil, Militarizada, de la Fuerza Nacional de Seguridad, de la Guardia Municipal y de dos barcos de la Marina que están anclados en la costa.
La Federación Única de Petroleros (FUP) criticó la presencia del Ejército por entender que esa fuerza tiene como "responsabilidad asegurar las fronteras y la Defensa y no debe tomar parte" en asuntos de seguridad interna.
Por su parte, el ministro de Defensa, Celso Amorim, declaró que la convocatoria de las Fuerzas Armadas "es una medida "excepcional" que está contemplada en la Constitución.
En tanto, hasta la tarde del sábado 23 acciones judiciales habían sido interpuestas por diversas entidades pidiendo la anulación del llamado a licitación por considerar que se privatiza una de las mayores riquezas de Brasil. La Abogacía General de la Unión (AGU), que presenta al Gobierno federal ante la Justicia, consiguió anular siete de ellas. El resto eran analizadas al cierre de esta edición.
Asimismo, los detractores dudan de las bondades del proyecto, que prevé invertir en salud y educación parte de lo obtenido. "El Gobierno afirma que va a recaudar 15.000 millones de reales (unos 7.000 millones de dólares). Pero eso es una propina cerca de la riqueza que existe en el campo", dijo el presidente de la FUP, Francisco José de Oliveira.
| Agencias AFP, DPA y ANSA |
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