Con SUBE larga distancia buscan controlar subsidios

El Gobierno avanzará en un sistema de boleto electrónico para el transporte de larga distancia, de modo tal de tener mayor control sobre el destino de los fondos derivados a las compañías del sector en subsidios y compensaciones. Se trata de un esquema similar a la tarjeta SUBE puesta en marcha para los colectivos, aunque tendrá como objetivo principal centralizar la información acerca del número de pasajeros transportados, kilómetros recorridos y consumo de combustible, entre otros ítems, confirmaron a este diario fuentes oficiales.

La puesta en vigencia del boleto electrónico se hará a partir del reordenamiento dispuesto en la resolución 669/2014, de la Secretaría de Transporte, que ayer fue rechazada por las empresas de la actividad. Es que esa normativa, aunque promete financiamiento para los dueños de los micros, los obliga a cumplir de inmediato con el aumento salarial del 30% reclamado por el gremio de los choferes (UTA), algo para lo cual alegan no tener recursos.

En el Gobierno confirmaron ayer que de los 120 millones de pesos que costará el incremento salarial, se les compensarán 85 millones de pesos a los empleadores con fondos públicos. Y que esa será la última oferta al sector. Por un lado, se aumentarán los recursos para cubrir el valor de los pasajes para discapacitados que las empresas están obligadas a entregar de manera gratuita, y por otro subirán las compensaciones estatales por las rutas en las que el micro compite con Aerolíneas Argentinas, y donde la línea de bandera cuenta con tarifas similares a las del transporte automotor.

Los funcionarios admitieron que el principal inconveniente de sostener con desembolsos estatales la actividad es la imposibilidad de cotejar la información. Es que el número de pasajeros transportados surge centralmente de las declaraciones juradas de las propias empresas. En ese punto es donde el Gobierno pretende cruzar los datos mediante el boleto electrónico. También se aplicará un sistema de red con los dispositivos GPS de cada micro, para centralizar la información y volcarla de inmediato a una base manejada por la Secretaría de Transporte.

Las compañías de micros reaccionaron ante la publicación de la resolución 669, que en uno de sus puntos centrales estableció la caducidad de todas las rutas concesionadas a partir del 1 de agosto e invitó a las firmas a sumarse a un esquema reordenado con mayores controles. Ayer hubo reuniones en las cámaras. La principal, Celadi, emitió un comunicado en el que señala que el Gobierno "pretende condicionar la aplicación de ciertas medidas reclamadas por este sector en los últimos años al acatamiento de un acuerdo salarial que resulta de muy difícil cumplimiento debido a la crisis económica en que se encuentra inmersa la activad".

"La resolución advierte que, quien no suscriba la misma antes del 1 de agosto, quedará automáticamente fuera de la activad, obligando a las empresas a elegir entre firmar a ciegas o ser excluidas del sistema", señala el documento.