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Confirman denuncia de que mataron a Goulart
También la comisión investiga la participación de empresarios en la financiación de los militares para construir y mantener los centros de detención y tortura de los opositores al régimen.
«La muerte de Goulart está en nuestra agenda y estamos recibiendo informaciones», dijo un portavoz de la comisión que investiga los crímenes perpetrados por la dictadura militar brasileña (1964-1985).
El caso Goulart, presidente constitucional derrocado por el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, fue reavivado esta semana por una investigación de la TV pública brasileña, el sistema Radiobras, que entrevistó a un exagente de inteligencia uruguayo que denunció que el exmandatario fue asesinado.
Se trata del exagente de inteligencia de la dictadura uruguaya Mario Neira Barreto, detenido desde 2003 en Brasil por contrabando de armas, quien reiteró ante la TV pública la denuncia que había hecho en 2008 al diario Folha de Sao Paulo: «Jango» Goulart fue envenenado.
«Jango era peligroso para la dictadura brasileña, quería llevar nuevamente a Brasil a la democracia. La iniciativa política que él manejaba desde el exilio no era buena para la dictadura. Por eso fue decidida su muerte», dijo Neira Barreto.
Goulart, oriundo del estado sureño de Rio Grande do Sul, pasó parte de su exilio en Uruguay y en la Argentina. Finalmente, en su estancia de la provincia argentina de Corrientes falleció el 6 de diciembre de 1976 por un ataque cardíaco. El uruguayo, cuya entrevista está filmada en el sitio de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), durante tres años siguió los pasos de Goulart en la Argentina y en Uruguay.
Un infiltrado en el entorno de Goulart, según el uruguayo, fue el encargado de colocar veneno en los remedios que el expresidente recibía desde Francia para tratar sus problemas cardíacos.
La familia Goulart también pidió a la Justicia brasileña abrir la investigación, pero la fiscalía explicó que la causa prescribió. La muerte del expresidente laborista deberá ganar un capítulo de relevancia en la Comisión de la Verdad, que por primera vez indagará sobre la acción de la dictadura y la Operación Cóndor.
En Brasil, los represores están protegidos por la Ley de Amnistía de 1979, que impide la apertura de procesos por crímenes de lesa humanidad, una decisión ratificada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2010.
En tanto, la Comisión de la Verdad ratificó que está investigando la participación del empresariado brasileño en la financiación de centros de tortura, sobre todo los de la ciudad de San Pablo, donde estuvo detenida Rousseff como presa política.
Agencia ANSA
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