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Confirman pista de asesinato de un testigo clave en juicios a militares uruguayos
El cuerpo de Ramírez, un ex soldado uruguayo de 60 años que había prestado servicios en diferentes batallones del Ejército en los 70, apareció en estado de descomposición en el río Uruguay el pasado 21 de diciembre. El cadáver fue rescatado por una patrulla de la Prefectura argentina con base en el paraje de Guazú Guazucito, en tanto que la causa fue radicada por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Gualeguaychú (Entre Ríos).
«Sobre el resultado de la autopsia informalmente me adelantaron que podrían existir elementos que demuestren que la muerte no habría sido por inmersión. Se detectaron supuestas heridas de arma blanca que todavía deben verificarse formalmente», dijo García Jurado.
El juez precisó que está trabajando en dos hipótesis; la primera, que el hombre, que trabajaba en la isla El Sauce, frente a la localidad uruguaya de Nueva Palmira, cayó al río accidentalmente cuando se encontraba en una barcaza; y la otra, que se trató de un homicidio con fines de «quema de archivo».
«Hasta ahora tengo un hecho de muerte por inmersión en un accidente en un lanchón» que se produjo el 13 de diciembre.
Testimonio
El magistrado cuenta con el testimonio del único acompañante de la víctima en la barcaza y que fue el que hizo la denuncia, y de dos personas que se encontraban en la costa y que declararon bajo juramento que vieron cuando caía al agua y desaparecía.
La posibilidad de que se trate de un crimen surge del resultado de la autopsia, que fue dificultosa porque, «debido al tiempo transcurrido, el cadáver estaba deformado y había sido víctima de los peces», dijo el juez.
Si bien no recibió todavía un informe por escrito de la autopsia, el magistrado adelantó que surgen indicios sobre heridas de arma blanca, motivo por el cual aún no entregó el cuerpo a la familia porque podría ser necesario un segundo peritaje.
El juez señaló que, hasta ahora, no tiene elementos para vincular la muerte a la decisión del ex militar de brindar testimonio sobre lugares de fosas clandestinas durante la dictadura uruguaya (1973/85).
«No tengo absolutamente nada sobre la hipótesis planteada desde cierto sector del periodismo uruguayo», dijo y advirtió que «esa hipótesis implicaría el compromiso de mucha gente y acá no se ve nada de eso».
Precauciones
«Sin embargo, mi experiencia judicial y mi compromiso militante con los derechos humanos me hacen tomar todas las precauciones del caso y ahondar en la investigación para tratar de no dejar ninguna duda», sostuvo.
El diario La República de Uruguay, afín al gobernante Frente Amplio, fue el que hizo público el caso y lo vinculó directamente al hecho de que Ramírez había aportado datos y un croquis sobre entierros en el batallón 13, cercano a Montevideo.
Lille Caruso, militante de derechos humanos y dirigente del Partido Comunista de Uruguay, confirmó que la víctima «era una persona retirada del Ejército que tenía datos» y «estaba dispuesto a declarar» en la Justicia. «En su momento aportó un planito que se lo dio a otro compañero», agregó la mujer, que se entrevistó con Ramírez hace seis meses. Se estima que el testigo habría tenido información para aportar sobre entierros en el batallón 14, cercano a la localidad de Toledo.
El juez García Jurado adelantó que iba a habilitar la feria judicial de enero para citar al hermano de la víctima, Luis Ramírez, para «conocer la historia del hombre y si en su mundo circundante había algún chacal o chacales que lo buscaban».
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