Congelan cuatro propiedades que vendió Schoklender

El juez federal Norberto Oyarbide embargó esta semana al menos cuatro propiedades que la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender, vendió luego de estallar el escándalo con el exapoderado de Madres de Plaza de Mayo. El magistrado tomó la decisión respecto de departamentos ubicados en el barrio de Villa Urquiza y comenzó a investigar a sus compradores, ante la sospecha de que podría tratarse de prestanombres o testaferros de Schoklender.

Según consta en el expediente judicial, los embargos fueron dispuestos sobre las unidades 1 y 2, ambas del primer piso, del edificio de Nahuel Huapi 5035, y 2 y 13 (del primero y séptimo piso, respectivamente) de Álvarez Thomas 3462. Se trata de propiedades que hasta mayo figuraban a nombre de Meldorek, la compañía cuyo 90% era propiedad de Schoklender al menos en el momento de arrancar la causa judicial.

El abogado Adrián Tenca, representante del mayor de los Schoklender, había dicho que su defendido ya no era el dueño de Meldorek. Como publicó este diario la semana pasada, los investigadores también tenían constancia de un proceso de desprendimiento de bienes por parte del exapoderado, que incluía los cuatro departamentos ahora embargados por Oyarbide.

Los fiscales Jorge Di Lello y Raúl Pleé lograron establecer que las dos unidades de Nahuel Huapi fueron transferidas el 9 de junio, un día antes de que entrara en vigor la inhibición general de bienes que había dispuesto Oyarbide en la causa. El comprador, de acuerdo con las constancias del expediente, sería José Antonio Cachafeiro, de 56 años, que figura en los registros de antecedentes comerciales como dedicado a las actividades inmobiliarias. También cuenta con un largo historial de trabajo en el PAMI, al parecer como personal jerárquico.

Ventas previas

Antes de concretar esa operación, Schoklender ya se había desprendido de otros dos departamentos, los de Álvarez Thomas. Una de las unidades figura como traspasada a mediados de mayo y la otra, el 2 de junio. Ambas eran parte de los bienes de Meldorek y esta semana los investigadores intentaban establecer la identidad de los nuevos propietarios.

La idea de los responsables de la causa es, a partir del embargo, citar a declaración a los compradores con el propósito de establecer si participaron de las operaciones de buena fe o, por el contrario, lo hicieron como prestanombres del mayor de los Schoklender. En cualquier caso, Cachafeiro y el resto de los posibles compradores tendrán que demostrar en Tribunales el origen de los fondos con que fueron adquiridas las propiedades.

Los departamentos embargados forman parte de una larga lista de propiedades atribuidas a Meldorek y que integran el expediente judicial. Además de los cuatro de Villa Urquiza figura otro en el mismo barrio, en Combatientes de Malvinas 3882, y uno más en Caballito, en Craig 726.

Apenas recibió el expediente, Oyarbide dictó una inhibición general de sus bienes y le prohibió la salida del país. Esta semana el juez extendió la vigencia del secreto de sumario y para los próximos días se esperan dos decisiones cruciales: si citará a indagatoria a Schoklender y si aceptará a Hebe de Bonafini como querellante.

El fiscal que acompaña al juez en la causa, Di Lello, no pidió todavía la concurrencia de Schoklender al juzgado como imputado y tampoco se pronunció -Oyarbide no le dio intervención en el pedido de la dirigente- acerca de la posibilidad de que Bonafini participe como acusadora de su exapoderado.

En paralelo con el sumario que instruye Oyarbide, su colega del fuero federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa causa figuran como imputados Bonafini, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido.