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Congreso duda que alcance aprobación del DNU en Senado
Imposible afirmar aún que la votación esté cerrada, pero mientras continúe la negativa del Gobierno a aceptar que se negocie una ley paralela que reemplace el decreto de necesidad y urgencia, la suerte del Fondo del Bicentenario en el Congreso parece estar sellada.
Con el kirchnerismo en crisis en el Congreso y la garantía de algunos senadores en duda, como fue hasta hace una semana el caso de la correntina Josefina Meabe, que no apoyarán la ratificación del DNU, al Gobierno sólo le queda encarar una carrera contra el tiempo en la Justicia para lograr que se suspenda, aunque sea por horas, la medida cautelar que lo tiene congelado. Así, podría disponer de tiempo para realizar la transferencia de los u$s 6.569 millones de reservas a Fondo del Bicentenario, lo que en los pasillos del Banco Central ya se conoce como «apretar el botón».
Esa opción podría darse si la Cámara en lo Contencioso Administrativo decide, antes de que sesionen Diputados y el Senado sesiones del Congreso, habilitar el recurso que el Gobierno presentó para llevar el caso a la Corte Suprema, suspendiendo entonces los efectos de la medida cautelar. Para conseguirlo, la Casa Rosada necesita que esa medida se tome antes del 2 marzo, en el caso de Diputados, y a lo sumo el 8 de marzo, en los tiempos del Senado (ver nota aparte).
Todo eso, mientras Pichetto enfrenta en el Senado las dudas de algunos senadores oficialistas sobre la conveniencia de seguir inmolándose en defensa de los pedidos de Cristina de Kirchner y su marido. «La pelea de Pichetto ya no es por ganar, sino por sobrevivir», se entusiasmaba la oposición ayer en el Senado, alertando sobre la mayoría que tendría garantizada para derogar el decreto, sobre todo después de que algunas figuras claves, como el pampeano Carlos Verna o la entrerriana Meabe, se enlistarán en el acuerdo opositor. El problema adicional es que, aunque el kirchnerismo pudiera revertir esa situación y lograr la ratificación del DNU al menos en el Senado, la Justicia ya tiene dudas sobre la interpretación que el Gobierno hace de la Ley 26.122 que reglamentó el control de los DNU y del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución nacional, donde se regula el uso de esos decretos.
Es decir, no es unánime la doctrina sobre la necesidad de que sólo una de las cámaras ratifique un DNU para que éste conserve su vigencia. De hecho, la ley dice que el rechazo en ambas cámaras implica la nulidad inmediata de esos decretos, pero no aclara taxativamente el caso de la ratificación. Es una discusión que, más allá que la oposición consiga que sea revisada por la Justicia (tanto en Tribunales como en la Corte la opinión está dividida), implicará para el Gobierno otra crisis política si se fuerza el uso de los fondos a través de la Justicia en una carrera contra el pronunciamiento del Congreso.
Rubén Rabanal


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