Caracas - Un día después de que una embarcación venezolana naufragara en su intento por llegar a Curazao, con un saldo de al menos cuatro muertos y 20 desaparecidos, el Gobierno de Nicolás Maduro enfrentaba ayer fuertes presiones para dar alguna información sobre el nuevo fenómeno de los "balseros venezolanos". Según la información preliminar, un bote partió el miércoles desde el estado venezolano de Falcón (noroeste) y naufragó frente a las costas del área de Koraal Tabak en Curazao, 50 kilómetros al norte de la costa de Venezuela.
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En ese lugar, la Guardia Costera de la isla encontró cuatro cadáveres, de dos hombres y dos mujeres, cuyas identidades se desconocen, aunque diversos medios de comunicación aseguran que se trata de ciudadanos venezolanos.
El portavoz de la Policía curazoleña, Reginald Huggings, señaló ayer en declaraciones a medios locales que si se confirma que los cadáveres corresponden a ciudadanos venezolanos sería la primera vez que personas de esa nacionalidad se ahogan en el intento de llegar a la isla caribeña desde el país vecino.
Dijo que durante las últimas semanas la Guardia Costera y la Policía interceptaron varias embarcaciones provenientes de Venezuela con personas que intentaban entrar ilegalmente en Curazao.
Aunque el Gobierno venezolano guardó inicialmente silencio frente al caso, la oposición política responsabilizó al chavismo por la suerte de los "balseros".
El partido opositor Voluntad Popular (VP) expresó ayer su "sentido de solidaridad y tristeza con respecto a un peñero (embarcación) que salió de la Vela de Coro (noroeste) cargado aproximadamente con 30 personas con la idea de alcanzar las costas de las islas de Curazao", según indicó el diputado por el estado de Falcón Luis Stefanelli. Este señaló que todos los náufragos son menores de 35 años y "algunos de ellos, menores de edad".
Indicó que estos venezolanos "iban en condición de inmigrantes ilegales" y que cada uno de ellos pagó "alrededor de 100 dólares para ser llevados a la isla de Aruba" en una embarcación que no reunía las condiciones "que zozobró y muchos de ellos se ahogaron".
Denunció que estos venezolanos serían "manejados por un coyote (traficante)", una situación "extraordinariamente grave" de la que responsabilizó "directamente" a la administración de Maduro.
Por su parte, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró que las muertes se dieron por la "búsqueda desesperada de un futuro mejor lejos de la dictadura y en libertad".
El viernes pasado, Maduro ordenó el cierre de las comunicaciones del país con las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire para poner en marcha un operativo que acabe con los contrabandistas "que dañan la economía a Venezuela".
Como resultado de la crisis económica, cada vez más venezolanos país intentan alcanzar las costas de esas tres islas. Estimaciones no oficiales apuntan a que más de 5.000 venezolanos permanecen sin permiso en Bonaire y otros 20.000 en Curazao. La primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, estimó recientemente que de una población de poco más de 100.000 personas que viven en ese territorio 12.000 son venezolanos en situación irregular.
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