El artículo 99 de la carta magna habla de “un nuevo nombramiento”, pero hay dudas sobre si corresponde una nueva terna del Consejo de la Magistratura o sólo el envío del pliego del Ejecutivo.
El fallo de la Corte que ratificó el límite de jubilación desde los 75 años gatilló un trifulca que crecerá, con el correr de las semanas, por quién se encargará de iniciar el mecanismo para renovar a los jueces sub-75 que quieran, puedan y tengan consenso para continuar en el cargo.
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La Constitución, en el cuarto inciso del artículo 99, detalla que el Poder Ejecutivo "nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto".
Además, en ese punto se asegura que el Ejecutivo "nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores" aunque "en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos".
El último párrafo del inciso deja en claro que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años", y que "todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite".
La incertidumbre aumentó en las últimas horas en distintas dependencias y terminales consultadas por este diario. "Si a mí me gusta un juez pero al Ejecutivo no, o viceversa. O si el magistrado quiere seguir porque encima es respetado en el ambiente pero la Corte ya sentenció el tope de los 75 años, ¿quién define? ¿El Ejecutivo manda directamente un pliego porque ya es juez? ¿Tiene que intervenir el Consejo en la selección a través de una nueva terna? ¿Dejamos jubilar a todos pese a que el Senado le puede dar la yapa de cinco años? ¿Se prepara una nueva terna pese a que ya pasaron por ese proceso?", preguntan desde la justicia, el Consejo de la Magistratura e incluso el Senado.
"La pelea es difícil de imaginar y viraría siempre. Por un lado vas a tener a la Corte y su fallo; por otro, al 'damnificado' que está a punto de jubilarse. En el medio vas a tener al Ejecutivo que si no se mueve, dejará correr el trámite, pero si pide por el magistrado deberá negociar con la Justicia y el Senado, que hoy tiene mayoría opositora, y ahí necesitás los dos tercios para habilitar cinco años más", señaló un operador premium del PJ a Ámbito Financiero.
En ese caso, el Senado quedará como una especie "cámara de apelación virtual" hacia el sub-75 que quiera continuar en el cargo, si es que el pliego llega al Congreso, donde la comisión de Acuerdos deberá recibir al candidato en audiencia pública.
La vigencia del techo para los flamantes jubilados aterrizó en el Consejo de la Magistratura, que envió un oficio a los 27 jueces mayores de 75 años para que informen, en un plazo de 24 horas, si tienen una causa en curso tendiente a permanecer en el cargo y su estado procesal. En ese casillero especial se ubica la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien recibió un guiño de la miembro fundacional y fundamental de Cambiemos, Elisa Carrió.
"Una de la juezas que tiene a cargo causas de gran impacto institucional y que además tiene a cargo la competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires en un año en el que hay elecciones legislativas nacionales, está sufriendo 'chicanas judiciales'", disparó la diputada nacional de la Coalición Cívica.
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