Contracumbre por la “boleta corta”

Ernesto Sanz

El mismo día en que el Gobierno hará una jornada a favor de la llamada reforma judicial en la Universidad de La Matanza, el radicalismo realizará una Jornada de Reflexión Pública sobre la Democratización de la Justicia, durante la cual manifestará su rechazo a los proyectos de ley de la reforma judicial impulsados por la Casa Rosada. Los diputados Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín; el titular de la UCR, Mario Barletta; los senadores Mario Cimadevilla y Ernesto Sanz; jueces, abogados y académicos hablarán entre las 15 y las 19 en la Fundación Ricardo Rojas de la Capital Federal.

Entre los expositores estarán el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral; el miembro del Consejo de la Magistratura por el estamento de los abogados Daniel Ostropolski; la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto; y los abogados constitucionalistas Félix Lloñ, Daniel Sabsay, Alberto García Lema y Antonio María Hernández. La actividad es organizada por la organización radical Fundación Alem y por el Comité Nacional de la UCR.

Esta jornada permitirá conocer los argumentos que la UCR presentará en el recurso contra esas reformas apenas se conozca la promulgación de la norma que más rechaza la oposición, que es la que establece el mecanismo de elección por el voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ese escrito ya está elaborado y su presentación ante el juzgado electoral de María Servini de Cubría depende de la promulgación de la ley. Ayer esta última norma no se publicó en el Boletín Oficial, cuando era el último día del cronograma electoral para llamar a elecciones. En el proyecto que aprobó el Senado se incluyó una cláusula transitoria que prevé que con la sola promulgación la elección de consejeros quedaba convocada.

Promulgación

Según los plazos judiciales, si en la edición del Boletín Oficial de hoy sale esa promulgación, ese llamado a consejeros quedará formalmente convocado. La semana anterior, el Gobierno llamó a elecciones de senadores y de diputados. Fue una manera de desenganchar esos comicios de los de consejeros, que podrían ser suspendidos si prosperasen las impugnaciones de la oposición en la Justicia. Con el decreto que se conoció quedaron blindadas las PASO (internas para candidatos) que deberían incluir, si prospera la otra reforma, la de postulantes a consejeros.

En la jornada de esta tarde también se conocerán detalles de la estrategia de un arco opositor que va del radicalismo al macrismo y que incluye a peronistas disidentes y a socialistas para armar una lista única de candidatos a consejeros. En esa lista, llamada la "boleta corta", se incluirían juristas de prestigio y conocidos por el público, pero no identificados con alguna fuerza política.

Esa tira iría desenganchada de la de legisladores nacionales y no se beneficiaría del efecto arrastre que buscan siempre los partidos de los candidatos a cargos más importantes y más conocidos sobre las categorías menores. El peronismo tiene decidido ir con una sola lista de candidatos a la Magistratura, que irá pegada a la de sus postulantes a bancas en el Congreso y que competirá con la boleta corta que no tendrá la ayuda del arrastre de categorías superiores. Según los apoderados de la UCR, esta lista desenganchada está permitida por la ley que sancionó el Congreso, que exige que las alianzas y los partidos que presenten candidatos a la Magistratura deben hacerlo en por lo menos 18 distritos, posibilidad que hoy se estima está al alcance de tres fuerzas, el peronismo, el radicalismo y el PRO.