Control necesario, excluyendo a pymes

La Ley de Abastecimiento no es nueva en la Argentina. Fue sancionada hace 40 años, en 1974, con el número 20.680. Pero desde su implementación, las únicas víctimas reales de esa normativa fueron las pymes.

Durante décadas las pequeñas y medianas empresas de todo el país sufrieron las clausuras arbitrarias, la fijación de precios máximos, y los cierres intimidatorios de la AFIP (en aquellos momentos DGI) que se valió de esa legislación para perseguir por temas impositivos a las empresas más vulnerables, dejando inmunes a los grandes evasores.

Hoy, la vieja Ley 20.680 vuelve a discutirse y despierta una oposición casi generalizada. Se oponen las entidades empresarias, se oponen las entidades no empresarias, se oponen las grandes empresas. Pero se omite una realidad. En la Argentina hay decenas de grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra pymes y consumidores.

Sobra evidencia. Sobran ejemplos. Una sola empresa del país controla la producción de chapas, y una sola empresa controla la producción de polietileno, que es un insumo clave para la industria plástica donde se producen, por ejemplo, los envases para los productos que consumimos diariamente. Y hay más: una sola empresa en la Argentina controla la producción de aluminio, cuatro empresas controlan la producción de cemento, una empresa controla el 80% de la producción de panificados, y sólo dos controlan el 82% de la producción de leche.

El daño es mayor cuando se repara en la pérdida preocupante de calidad de los servicios públicos que se brindan a la población. Cortes de luz, de agua, de gas, demoras y saturación en los medios de transporte público, o la cada vez peor calidad en las señales de telefonía móvil.

En cualquier país donde existen grupos monopólicos u oligopólicos el Estado debe actuar en defensa de los usuarios y de las pymes, que son las víctimas reales de la fijación de precios y de la búsqueda de rentas extraordinarias de esos grandes actores. Pero hay un hecho que es indiscutible: las pymes deben ser excluidas de cualquier legislación que implique controles y sanciones del Estado. Porque las pymes no son formadoras de precios, y constituyen uno de los mercados más transparentes de la economía.



(*) Presidente de la CAME