Sólo la formación de Rajoy respaldó la reforma denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), impulsada por el ministro, José Ignacio Wert, el miembro del Gobierno con peor popularidad.
El texto, rechazado por estudiantes y profesores en varias manifestaciones y protestas, fue aprobado por 182 votos a favor, 143 en contra y dos abstenciones, de la Unión para el Pueblo Navarro.
"El PP impone la ley de educación más polémica de la democracia", afirmó en su portal el diario La Vanguardia, mientras que El País destacó que el oficialismo "aprueba en solitario una polémica normativa". La oposición en bloque votó contra la séptima ley educativa en la historia democrática del país, una ley que rechaza sobre todo porque la considera "ideológica".
"Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir", respondió en el Congreso el ministro Wert. "Espero muy sinceramente que hoy haya terminado, en torno a la reforma educativa, el tiempo de destruir y que todos empecemos el tiempo de construir", añadió. La oposición trató de reprobar al funcionario por segunda vez en la Legislatura y de nuevo fracasó en el intento por la holgada mayoría absoluta del PP.
La norma, propuesta por el Gobierno 14 meses atrás para mejorar los resultados mediocres en los exámenes internacionales y frenar la deserción escolar, empezará a implantarse en el curso 2014-15 en Primaria y FP Básica, mientras que para Secundaria y Bachillerato será en 2015-16.
La reforma recupera las reválidas al final de cada ciclo escolar pero también incluye puntos polémicos como que la Religión (que volverá a tener materia alternativa sobre valores) contará para la nota media y para conseguir becas mientras se suprime Educación para la Ciudadanía.
Otro de los aspectos más cuestionados es que fija al castellano como lengua vehicular en toda España. La Generalitat de Cataluña (Poder Ejecutivo regional), la mayoría de grupos del Parlament (Legislativo) y la comunidad educativa catalana entiende eso como un ataque al modelo de inmersión lingüística. La oposición anunció su intención de derogar la ley cuando cambie el partido de Gobierno mientras que Cataluña, el País Vasco y Andalucía recurrirán al Tribunal Constitucional para apelar en contra de su imposición.
| Agencias DPA, ANSA y EFE |
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