Corrupción salpica a un hermano de Evo

La Paz - Un hermano del presidente Evo Morales admitió que tiene relación con miembros de una familia involucrada en el asesinato de un empresario que destapó una red de corrupción en YPFB, un escándalo que conmovió al Gobierno boliviano y que ayer derivó en la confirmación de la prisión de quien fue uno de los máximos allegados a Evo Morales, Santos Ramírez, ex titular de la petrolera estatal.
«Yo conozco a la familia Córdova, sé que son ocho hermanos; conozco a Miguel Ángel, a Marco Antonio el diputado, al Ticoco (Luis Fernando) y me quedo ahí», dijo Hugo Morales, hermano menor del mandatario, a La Razón, diario del grupo español Prisa, muy crítico con el Gobierno.
Los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdova permanecen bajo arresto en La Paz y son investigados por su participación en el robo de u$s 450.000 y el asesinato del empresario petrolero Jorge O'Connor. Ese crimen permitió descubrir una red de corrupción y tráfico de influencias vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales.
El posible lazo entre el hermano del mandatario y los sospechosos se conoció luego de que el senador opositor, Wálter Guiteras, de la agrupación Poder Democrático Social (Podemos), reveló que había fotografías que lo comprobaban. «Es verdad que existen fotos con los hermanos Córdova, ocurrió en Rurrenabaque hace poco. Ellos me invitaron y eso es todo», dijo a la agencia de noticias ANF.
Según la investigación policial, los hermanos Córdova lideran la lista de sospechosos debido a que Luis Fernando era abogado del empresario muerto. De acuerdo con la Policía nacional, Ernesto habría planificado el robo en la vía pública que culminó con la muerte de O'Connor. La Policía de Bolivia aún no tiene pistas del destino del botín.
Paralelamente, las autoridades gubernamentales establecieron que el ex presidente de la estatal petrolera YPFB y poderoso dirigente oficialista, Santos Ramírez, cometió al menos cinco tipos de delitos. La ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, entregó a la Fiscalía todo el material jurídico relacionado con el presunto pago de una coima de la compañía Catler Uniservice a Ramírez, quien fue retirado del cargo hace una semana por orden de Morales.
La ministra explicó que los delitos fueron cometidos por «Santos Ramírez, la directora jurídica Esther Carmona y el director administrativo Marco Vega», ambos de la empresa petrolera YPFB, y la comisión que adjudicó la construcción de una planta de gas a Catler Uniservice.
Esta compañía, con sede en Salta, Argentina, y asociada a capitales bolivianos, se adjudicó en julio pasado la instalación de una planta separadora de líquidos de gas (combustible y gas licuado de petróleo), por u$s 86 millones de dólares en la región de Santa Cruz.
El pago de la presunta coima salió a luz pública hace dos semanas, cuando el gerente de Catler Uniservice, O'Connor, fue asesinado. Ese dinero -según los peritajes judiciales- debía ser entregado a dos cuñados de Santos Ramírez, y aunque éste negó las acusaciones, fue destituido.
A Ramírez, segundo en la dirigencia del MAS y cuyo nombre sonaba como posible sucesor de Morales, le fue confirmada la prisión preventiva ayer por parte de la jueza Marcela Siles, y fue enviado a la prisión de San Pedro, en La Paz.
Agencias DPA, EFE y ANSA