Corte conversa sobre reforma y aparece la fecha clave: junio 22

La reforma judicial que alienta el Gobierno, y que ya se disputa en los tribunales, sobrevoló ayer la reunión de acuerdo de la Corte Suprema. Señales e ironías de todo tipo animaron el cónclave en el cual habrá definiciones una vez que el paquete de leyes avalado por el Congreso desembarque en los despachos del máximo tribunal. La reforma del Consejo de la Magistratura ya tiene deadline en el cuarto piso de la calle Talcahuano: los ministros quisieran expedirse antes del 22 de junio, cuando vence el plazo para presentar candidaturas para las elecciones primarias.

Las modificaciones al Consejo fueron uno de los temas del acuerdo de ayer. Identificaron tres zonas de disputa judicial en la nueva norma: la composición del cuerpo colegiado, el mecanismo de elección y las mayorías necesarias para avanzar en la remoción de jueces. Los ministros entienden que por los plazos electorales este tema tendrá una resolución inmediata. Al mismo tiempo, creen que de los amparos presentados ayer por jueces, abogados y partidos políticos podrían obtener respuestas más veloces en el fuero electoral que en el Contencioso Administrativo federal. Las expectativas se acumulan en torno al juzgado con competencia electoral de María Romilda Servini de Cubría.

Comentarios más crípticos sobre la creación de nuevas cámaras de Casación. "Para eso falta mucho tiempo, existen casos de jueces nombrados con acuerdo del Senado y que no están en funciones por dificultades edilicias; ya no hay más espacio", resaltó un justice, al tiempo que otro remató: "Y aun así, con concursos y edificios, la firma para la habilitación final corresponde a la Corte Suprema".

La reforma tiene dos ópticas en el máximo tribunal: por un lado, las cuestiones judiciales, sobre las que procuran no emitir opinión, y por el otro, los aspectos de administración judicial que Ricardo Lorenzetti debió negociar directamente con Olivos para lograr retener las facultades de superintendencia que los proyectos de ley pretendían trasladar al Consejo.

La relación entre la Corte y el Consejo se ha visto marcada por manejos presupuestarios en los últimos días. Primero, el cuerpo colegiado que preside el camarista Mario Fera requirió fondos para efectivizar los pagos a la empresa recolectora de residuos en dos edificios estratégicos. El juez detectó demoras en la reasignación de partidas y tomó contacto directo con Juan Manuel Abal Medina, quien finalmente autorizó el pago. Por su parte, la Corte difundió un pedido de fondos del Consejo, ya que sus cuentas estaban en déficit para pagar los sueldos de mayo todo el Poder Judicial. Un procedimiento formal que en esta ocasión tuvo difusión desde el Centro de Información Judicial.

Conversaciones más amenas motivó la presentación contra la reforma del abogado Ricardo Monner Sanz. El texto fue rechazado "in limine" por múltiples falencias técnicas. "Algunos, antes de venir acá a traer papeles, deberían darse una vuelta por la Facultad de Derecho", comentó, divertido, uno de los justices, al tiempo que recordó que, antes de enviar el texto a los tribunales, primero Monner Sanz lo giró al periodismo. Dato que sirvió para compararlo con el titular del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, quien ya había iniciado acciones contra la reforma anterior del Consejo: "Eso ya lo resolvimos, ocurre que cada tanto agregan algún escrito y el tema no se termina más, es lo que quiere Rizzo para seguir hablando".