Corte decide sobre vacantes en juzgados electorales

Ricardo Lorenzetti

 La Cámara Nacional Electoral advirtió ayer sobre la "situación de gravedad institucional" del fuero a partir de la designación de jueces subrogantes y pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia para validar su investidura, en medio de la organización de las elecciones presidenciales de este año.

Un giro que en la Corte ya se preveía desde que la Cámara Federal de La Plata excluyó al juez Laureano Durán de un expediente por entender que su designación, avalada por el kirchnerismo en la Magistratura, fue irregular. Durán asumió en el juzgado electoral de la provincia.

Mediante un escrito presentado ante el máximo tribunal, la Cámara trasladó su preocupación a raíz de la designación como jueces subrogantes de secretarios judiciales y abogados de la matrícula cuya situación de inestabilidad podría "derivar en graves consecuencias para el normal desarrollo del proceso electoral".

La Cámara, máximo órgano judicial en material electoral del país, pidió a la Corte que defina si habrán de llevar adelante el proceso electoral de este año los jueces subrogantes de los distritos de Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Pampa, Misiones y Salta.

El caso Durán es sensible para los justices, que ayer celebraron un acuerdo con mínimas novedades en materia de fallos.

Sucede que la Corte está ahora ante la posibilidad de utilizar sus atribuciones implícitas que le permiten emitir un fallo que fije una línea directriz respecto de las subrogancias.

El caso más referencial en el cuarto piso es el denominado "fallo Rosza", en el cual los ministros establecieron que es un requisito indispensable contar con acuerdo del Senado para ocupar el cargo de juez, y de ahí que tengan preferencia jueces jubilados por sobre secretarios en el momento de decidir subrogancias.

Pero el fallo Rosza se aplica a un caso puntual porque la Corte argentina, a diferencia de los tribunales de control constitucional de Europa, no extiende los efectos de sus sentencias a todos los casos y a todas las instancias.

Sin embargo, los justices tienen la atribución de, como cabeza de un poder del Estado, emitir una sentencia de carácter general a partir de sus atribuciones implícitas.

Ayer en el cuarto piso se recordaba que durante la administración de Carlos Menem se decidió que el cuerpo de peritos no debía pertenecer más a la Corte sino que se debía trasladar a la órbita del Ministerio de Justicia. En ese entonces Menem envió el proyecto al Congreso y allí fue aprobado.

Al otro día los ministros se reunieron de urgencia y redactaron una acordada, como titulares de un poder del Estado, en la cual anulaban el traspaso del cuerpo pericial.

Más allá de los tecnicismos, ahora Ricardo Lorenzetti tiene en su zona de influencia otro caso áspero en materia política y que servirá como indicador del nivel de tensión con el Gobierno. En la Magistratura el oficialismo ha cubierto diversos juzgados con secretarios y una definición como la que requiere la Cámara pondría en riesgo esas designaciones, que ya han sido objetadas por el bloque de consejeros que responden a la oposición en la Magistratura.

El expediente llegará formalmente hoy al cuarto piso con destino veloz hacia las vocalías.