Crece escándalo por coimas en la oposición española

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Madrid - Las denuncias de corrupción que atraviesan al opositor Partido Popular (PP), que se desataron en plena campaña electoral por los comicios en Galicia y el País Vasco, alcanzaron ayer al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los «gobernadores» más relevantes de España. Mariano Rajoy, jefe del PP, calificó al denunciado, quien es uno de sus aliados políticos más importantes, como un «dirigente ejemplar» y le brindó un absoluto respaldo.
Ambas elecciones regionales son claves en el mapa político español, para el futuro del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y para la confirmación del liderazgo de Rajoy en el PP, donde es cuestionado por el sector más conservador. Desde hace semanas, España se ve sacudida por las informaciones sobre una extendida trama de corrupción dentro del PP vinculada a favores a empresas en diferentes distritos, principalmente en el sector urbanístico, un aspecto que, además, ya afectó a decenas de alcaldes del PP y del oficialista PSOE en los últimos dos años.
Desde la oposición conservadora cuestionan en duros términos al juez Baltasar Garzón, que lleva adelante el proceso, y puntualizan la intencionalidad política del Gobierno y de medios de prensa afines que llevan la delantera en las denuncias públicas.
Según afirmó ayer Rajoy en un acto de campaña en Galicia, Camps es un político honrado y «un dirigente ejemplar», que tiene «el pleno apoyo» del PP en este «momento de inde-fensión».
Según un documento que la Fiscalía Anticorrupción entregó al juez Garzón y que ayer fue hecho público por los diarios El País y El Periódico de Catalunya, una ramificación de la red corrupta, presuntamente dirigida por un empresario muy vinculado al PP pagó sobornos por negocios que le fueron facilitados desde la Comunidad Valenciana, una región de cinco millones de habitantes cuya capital es Valencia.
Uno de los nombres que aparecen en el informe en relación con esta trama es, según la prensa, el de Camps, quien gobierna esa comunidad con mayoría absoluta desde el año 2003. En concreto, los cargos que se le imputan no son cuantiosos en lo económico, aunque podrían dar indicio de una trama mucho mayor. La denuncia cita una grabación en la que una de las personas ya imputadas menciona el pago de 30.000 euros (unos u$s 38.000) destinados a comprar trajes para el mandatario valenciano, según El País. Garzón investigó tres facturas sobre este punto. En relación con esta trama, destapada hace dos semanas, el juez ya imputó a 37 personas por delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias por contratos logrados en municipios gobernados por el PP.
Sospechoso
El principal sospechoso es Francisco Correa, un empresario que durante el mandato del anterior jefe de Gobierno, José María Aznar (1996-2004), era el organizador de las campañas políticas del PP y que después siguió haciendo negocios con este partido, fundamentalmente en Madrid y en Valencia.
Por el momento, Garzón envió a prisión incondicional a Correa y a dos de sus máximos colaboradores, uno de ellos su primo.
En una primera reacción, Camps desmintió las informaciones y consideró que éstas forman parte de una campaña que busca «la división del PP», en alusión a las rencillas internas que tienen como protagonista del sector anti-Rajoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien también se vio envuelta en un escándalo reciente vinculado a espionaje ilegal de sus opositores del PP. Además, funcionarios del entorno de Aguirre también están cuestionados de recibir coimas por «centenares de miles de euros» gestionadas por Correa.
En una declaración leída ante la prensa en Valencia sin admitir preguntas, Camps se mostró «profundamente indignado» por las «filtraciones interesadas» a la prensa del sumario, el cual se supone que es secreto. «Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías», criticó.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, manifestó su «indignación y queja formal» ante la Fiscalía General del Estado por el hecho de que se haya filtrado a la prensa el informe en el que aparece el nombre de Camps. La dirigente acusó al PSOE de «estar corrompiendo» el sistema judicial para utilizarlo «en beneficio propio».
Asimismo, De Cospedal anunció que su partido demandará al juez Garzón por prevaricación si no se inhibe en la investigación y deja el caso en manos de los Tribunales Superiores, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, dado que algunos de los inculpados tienen fueros especiales que impiden su juzgamiento.
El PP reclama también la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, después de que se haya conocido que recientemente participó en unas jornadas de caza con Garzón.
Agencias DPA, EFE y ANSA

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