El ruido de la campaña, la cruzada a «todo o nada» de Néstor Kirchner en Buenos Aires, camufló por un tiempo una crisis que, sin filtros, comenzó a brotar: al rojo provincial que padece Daniel Scioli se le sumó una alerta de los municipios bonaerenses.
El lamento que, hasta ahora se manifestaba aisladamente y en voz baja, tomó anteanoche, frente al gobernador, la contundencia de un huracán: los intendentes piden, con urgencia, un paquete de medidas para contener la crisis financiera que acecha a sus gobiernos.
En San Fernando, Scioli se reunió con los alcaldes de la Primera Sección y despertó a un conflicto que se contagia, con matices, en el grueso de los municipios.
El cóctel que escuchó Scioli combina caída de recaudación de tasas municipales producto del freno de la actividad económica, sumado a que esos tributos están «desactualizados», más subas salariales directas e indirectas, y demora de coparticipación.
Los caciques peronistas del norte y el oeste del conurbano -sólo faltó Raúl Othacehé (Merlo), de vacaciones- expusieron un escenario que retrotrae la situación de los municipios a la que padecían unos seis años atrás.
«No estamos, todavía, como en 2001, pero estamos como en 2003» fue el diagnóstico ante este diario de un jefe de distrito.
De la cumbre participaron Osvaldo Amieiro -que ofició de anfitrión-, Alberto Descalzo (Ituzaingó); Joaquín de la Torre (San Miguel); Hugo Curto (Tres de Febrero); Sergio Massa (Tigre); Andrés Arregui (Moreno); Stella Giroldi (Campana), y entre otros, Humberto Zúccaro (Pilar).
Scioli, en tanto, se hizo acompañar por parte de su gabinete. Los temas críticos y las propuestas se concentran en los siguientes puntos:
Las tasas municipales están como en 2005. Cuando los intendentes quisieron subirlas hubo una orden de la Casa Rosada para dar marcha atrás. Hubo retoques pero los alcaldes dicen que están «atrasadas» y deben subirse. «La inflación se siente sobre los costos, pero no se traslada a las tasas», dicen.
El impacto que sobre los presupuestos municipales tiene el servicio de recolección de basura ronda el 20% -con picos de hasta el 30%- y se amplía cada vez que Camioneros, con un guiño de la Casa Rosada, obtiene un incremento de salarios. El último, de entre el 17% y el 21% según la categoría agravó el panorama.
La coparticipación a municipios registró demoras por la dificultad propia de la provincia. Un caso puntual: uno de los intendentes presentes explicó que los envíos desde La Plata tienen una demora de 14 días, a simple vista un dato menor pero serio para los distritos que dependen de esas transferencias para pagar los sueldos.
También cayó la obra pública financiada por Nación. Esa situación varía según el distrito pero, como dato global, registra demoras que, advierten los intendentes, agravan la retracción de la economía. Dato: un intendente detectó una suba del 2% en la desocupación y si cae la inversión pública el impacto social será más agudo.
Como alternativas para enfrentar esa crisis se reactivó un antiguo pedido: que los municipios queden exentos de pagar el 21% de IVA en los contratos de recolección de residuos, propuesta en la que se avanzó en el Gobierno de Fernando de la Rúa, pero luego quedó trunca y fue, en estos años, expuesta ante Kirchner y Julio De Vido. Sin éxito. Caso testigo: un distrito de 100 habitantes paga 1,2 millón por mes por recolección -12 pesos por habitante- y de ese monto, 240 mil pesos son por IVA. Si se los exceptúa de ese impuesto, los distritos obtendrían «aire» para mejorar sus cuentas. Scioli dijo que hará una gestión.
También volvió a escena la cuestión de «dolarizar» el Fondo del Conurbano para, sin tocar la Ley de Coparticipación, la provincia suba los giros de los 630 millones actuales a, como mínimo, 2.500 millones. Se pide que se borre el tope de los 630 millones y se vuelva al del 10% de Ganancias, con lo que la transferencia ascendería a 5.000 millones. Hubo, antes de la elección, una charla Scioli-Kirchner sobre el tema. Pero cuando el gobernador se lo recordó a Cristina, días atrás, encontró una muralla: «Yo no te debo: vos me debés 30 mil millones a mí».
Otra alternativa, coyuntural, requiere un guiño de Cristina: modificar el decreto del «Fondo Sojero», por el cual la provincia recibe cerca de 500 millones anuales un -30% de coparticipación a provincias de lo recaudado por retenciones a la soja-, que se redistribuyen a los municipios, pero con la limitación de que se destinen a obras de infraestructura. Los alcaldes piden flexibilizar ese decreto para que esos recursos se puedan usar en gastos corrientes.
Pablo Ibáñez
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