Cristina abre sesiones ordinarias con la mira en Scioli y Lorenzetti

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El discurso que Cristina de Kirchner pronunciará hoy ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el 131° período de sesiones ordinarias del Congreso tendrá un mensaje multidireccional, aplicable tanto a la política interna como a las finanzas externas, luego de la audiencia del miércoles en Nueva York con fondos de crédito internacionales que no entraron al canje de deuda. La Presidente marcará como prioridades las urgencias internas en el estreno del año legislativo y, más allá de las sostenidas críticas al Poder Judicial, se espera también un reto tácito a la administración de Daniel Scioli que sigue reclamando fondos a la Nación para hacer frente a compromisos domésticos, como el aumento de sueldos docentes para destrabar el inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los exegetas presidenciales, quien sí recibiría una reprimenda con nombre y apellido sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Del mismo modo que interpeló al presidente de la mutual judía AMIA, a quien le reclamó revelar más información sobre su advertencia del peligro en torno a un tercer atentado, a Lorenzetti podría solicitarle que aclare qué decisiones de la mayoría podrían resultar inconstitucionales o equivocadas. El martes, en el inicio del año judicial, y ante el faltazo de representantes cristinistas como el ministro de Justicia, Julio Alak, el juez supremo advirtió en un ambiguo discurso que "hay suficiente experiencia en el mundo que muestra que las mayorías han tomado decisiones muy graves, como Holocausto, pena de muerte, por eso se habla de democracia constitucional". Esas palabras causaron una nueva indigestión política en la Casa Rosada, en medio del debate parlamentario por el Memorando de Entendimiento por la causa AMIA con Irán, cuyo presidente Mahmoud Ahmadineyad niega explícitamente la Shoá. Y, especialmente, con el fallo del máximo tribunal sobre la constitucionalidad de la cláusula de desinversión de la Ley de Medios (artículo 161) todavía pendiente en pleno año electoral.

Las mayorías son sagradas para el Frente para la Victoria, una doctrina que quedó expuesta cuando el Gobierno nacinal justificó acciones como la supresión de subsidios, el cepo al dólar y el sostenimiento del impuesto a las ganancias. Todas esas medidas afectan, de acuerdo a la visión de la Casa Rosada, a minorías marginales que deben sacrificarse en pos del bienestar de las mayorías. Por eso la presidente podría relcamarle a Lorenzetti, quien estará en el palco de invitados juntos los Ministros y gobernadores, que especifique ante la opinión pública qué decisiones de la mayoría son inconstitucionales, e incluso a exhortarlo ante el pleno de los 257 diputados y 72 senadores a que actúe en consecuencia y falle a través de la Corte Suprema. No es la primera vez que el oficialismo apunta contra Lorenzetti a quien el diputado Carlos Kunkel acusó de tener intenciones político-electorales para 2015, una afirmación desmentida por el magistrado.

La "democratización de la Justicia" aparece como una de las principales banderas en el inicio del año electoral. Más allá de incluir a los jueces en el pago del Impuesto a las Ganancias -una medida que algunos juristas tachan de inconstitucional alegando la intangibilidad de los salarios de los jueces-, el discurso presidencial podría avanzar en definiciones sobre un nuevo mecanismo de selección de jueces, otra iniciativa que rozaría la necesidad de una reforma constitucional que, de paso, habilite un nuevo período de Gobierno no sólo para la Presidente sino también para los Poderes Ejecutivos provinciales, incluída la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Mauricio Macri.

El concepto de democratizar la Justicia roza otro incompatible con la aplicación de la ley: politizar aún más la Justicia. La legitimidad de las decisiones judiciales radica, sobre todo, en su estricto apego a la ley, más allá de qué tipo de juez las aplique. De hecho las ternas para la selección de jueces las define actualmente la política y es el poder político dominante quien intenta ejercer también influencia sobre los magistrados. Por más que el Frente para la Victoria defina un mecanismo perfecto para renovar el staff judicial, y todos los futuros magistrados tengan la transparencia y los dones morales de la Madre Teresa de Calcuta, las corporaciones seguirán intentando influir en las sentencias judiciales, al igual que el poder político.

Fuera del plano jurídico, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aparece como otro nodo central de las preocupaciones de la Casa Rosada en el año electoral. Cristina de Kirchner reclamará a todos los mandatarios provinciales eficiencia y prudencia en la administración de sus arcas para no seguir dependiendo del Tesoro Nacional. Sin diálogo por el momento, la Presidente y Scioli se reencontrarán hoy en el recinto de la Cámara de Diputados con el inicio del año escolar todavía en suspenso en el principal distrito electoral del país.

Repaso de logros


Habrá, como en cada Asamblea Legislativa, un repaso por los logros del Gobierno y un balance del Estado de la Nación en base a algunas de las leyes que sancionó el kirchnerismo en el Congreso: reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Ley de Identidad de Género, ampliación de los derechos políticos al aprobar el voto a partir de los 16 años y la estatización de YPF.

La agenda exterior también promete tener un párrafo aparte: todavía retumban las críticas de AMIA y DAIA al acuerdo con Irán y las entidades judías ya adelantaron que buscarán declarar inconstitucional el Memorando ante la Corte Suprema de Justicia. Otro frente de tormenta para Lorenzetti y las decisiones de las mayorías.

Malvinas también se colará en el discurso de apertura de sesiones. El 10 y 11 de este mes, los kelpers acudirán a las urnas para ratificar su pertenencia a la corona británica. El Gobierno argentino no reconoce esa consulta y ratificará el reclamo de soberanía ante Nacionaes Unidas. También habrá una defensa de la independencia económica frente a los denominados fondos buitre y la Corte de Nueva York, donde Amado Boudou y Hernán Lorenzino dejaron en claro el miércoles que el país no aceptará un fallo adverso frente a los bonistas, más allá del riesgo de un default técnico.

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