Cristina, Francisco, Scioli y los códigos, en sorda interna cristiano-peronista

El exsubsecretario de Derechos Humanos del municipio de San Martín Alberto Palacio; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; el obispo emérito de San Isidro, Jorge Casaretto; y el presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos, Norberto Liwski.

Cristina de Kirchner cerró el sábado por la tarde en el microestadio de Argentinos Juniors la presentación de candidatos del Frente para la Victoria con una exhortación a Dios y a la Virgen, luego de una condena a quienes se muestran tibios y no confrontan explícitamente sus proyectos políticos. Ese mismo día, pero por la mañana, Daniel Scioli fue el principal actor político en la Semana Social que organiza el Episcopado argentino, donde reclamó mayor toleracia social y se fotografió con el obispo crítico Jorge Casaretto, en la previa de su viaje para una audiencia privada con Jorge Bergoglio el próximo jueves en la Santa Sede. Esta trilogía de peronismo pagano en los albores de la campaña electoral se completó ayer con un documento de la Comisión de Pastoral Social donde se reclamó mayar calidad institucional y respeto por la división de poderes, un mensaje que implícitamente fue interpretado por el kirchnerismo como un espaldarazo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación presidida por Ricardo Lorenzetti en medio de la interna con la Casa Rosada.

Este jueves, Scioli se cruzará en el aire con el arzobispo porteño, Mario Poli, quien regresará a la Capital Federal procedente del Vaticano luego de recibir el palio cardenalicio. Viajó acompañado por el obispo auxiliar Joaquín Sucunza. El año que viene vence el mandato de José María Arancedo al frente del Episcopado. Ya cardenal, Poli podría seguir los pasos de Bergoglio y reemplazar como arzobispo porteño a Arancedo en la conducción de la Iglesia Católica. El Papa habría incluso bendecido un prolongado interregno de Poli, quien podría, al igual que Bergoglio, comandar la Conferencia Episcopal durante tres períodos. Casi como los Kirchner, que se mantuvieron durante tres mandatos al frente de la presidencia de la Nación.

El jueves de la semana pasada, el ultracristinista diputado Carlos Kunkel presentó un proyecto de ley para quitarle a la Corte Suprema el manejo de los fondos de la Justicia y asignárselos, como establece la Constitución Nacional, al Consejo de la Magistratura. Fue una réplica del fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional una ley del paquete de reforma judicial enviado por la Presidente al Congreso y que, luego de ser sancionado por ambas Cámaras, estableció el voto popular de los integrantes del órgano encargado de seleccionar, sancionar y remover a los jueces. Si bien ayer en Mar del Plata la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a alinearse con las huestes de Lorenzetti, no fue ése el primer pronunciamiento. La primera semana de marzo, la Comisión de Justicia y Paz, brazo político del Episcopado, fulminó a través de otro comunicado el proyecto presidencial: "La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional, y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso en escenario de luchas partidarias. La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria". La vehemencia del documento motivó la intervención del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien logró que el Episcopado difundiera un segundo pronunciamiento, editado y anestesiado, para mantener la paz entre Arancedo y la Casa Rosada.

Dos semanas más tarde, el 19 de marzo, la providencia y el cónclave de cardenales resolvieron que Bergoglio se transformara en Francisco, el primer papa argentino en la historia del cristianismo, con más de 1.200 millones de fieles. Cristina de Kirchner viajó al Vaticano, fue la primera jefa de Estado en celebrar audiencia con el Santo Padre y, luego de su regreso al país, volvió a encontrarse con Arancedo. La noticia no trascendió, pero, a pedido de la Iglesia Católica, el Gobierno limpió del proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial el inciso destinado a regular el alquiler de vientres. En ese contexto se comprende que los diputados porteños del PRO Daniel Lipovetzky y Cristian Ritondo hayan presentado un proyecto de ley para regular la inscripción de los niños nacidos en el extranjero mediante el método de gestación por sustitución, más conocido como "alquiler de vientre".

La reforma a los códigos iba a ser la bandera política del último acto encabezado por la presidente en Plaza de Mayo por los diez años de kirchnerismo bajo el lema "La década ganada". Las escaramuzas con la Corte Suprema obligaron a posponer los planes, a pesar de que el oficialismo en el Congreso ya tiene listo el dictamen para aprobar el nuevo plexo normativo. Uno de los pocos con acceso a ese dictamen es el presidente de Diputados, Julián Domínguez, quien también estuvo ayer en Mar del Plata participando de la Semana Social del Episcopado. Sin embargo, ese proyecto permanece como una célula dormida en el despacho del secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, espada de La Cámpora y guardia política pretoriana de la Presidente en la conflictiva relación con la Corte Suprema.

Para completar el intríngulis cristiano-peronista de este fin de semana, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside monseñor Jorge Lozano, reclamó ayer por escrito que se respete "la plena vigencia de la división de los poderes republicanos", al tiempo que llamó a afianzar la "calidad institucional" del país.

"Estamos convencidos de que debemos seguir trabajando con gran empeño para asegurar la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia (...) esa democracia que tanto ha costado conquistar aún necesita seguir madurando y fortaleciéndose (...) la calidad institucional es el camino seguro para lograr la inclusión social a la que tanto aspiramos".

"Una auténtica democracia no es sólo resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política", enfatizó la comisión.

Domínguez intentó afianzar la relación Episcopado-Gobierno y aseguró que "la lucha por la justicia social es la razón de ser" del Gobierno, "que es peronista y se nutre de la doctrina social de la Iglesia". Domínguez se expresó de esta forma al participar del panel "Rol del Poder Judicial y el Poder Legislativo a 30 años de la Democracia", en la Semana Social 2013, desarrollada en Mar del Plata y organizada por la comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La Semana Social 2013, organizada en comunión por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se llevó a cabo en el Hotel 13 de julio de Mar del Plata, del gremio Luz y Fuerza. De las actividades participaron legisladores y funcionarios como el gobernador bonaerense Daniel Scioli, y su par salteño Juan Manuel Urtubey, Hugo Moyano, Antonio Caló y la diputada massista Graciela Camaño.