CTA: discuten llamar veedores para “garantizar” la votación

Hugo Yasky

Hugo Yasky y Pablo Micheli, duelistas por el control de la CTA, analizan los términos de un compromiso para evitar el peor resultado posible en la elección de la central prevista para el 23 de setiembre: que la votación se contamine y termine en un escándalo.

Los candidatos evalúan convocar a dirigentes sindicales de Brasil, Uruguay y otros países vecinos para que oficien de veedores internacionales que garanticen la trasparencia del acto electoral. O, más básico aún, que la votación se desarrolle con normalidad.

A simple vista para la CTA esa es, o debería ser -más allá de las pretensiones de cada grupo-, la principal obsesión: la central que hizo de la libertad sindical una bandera dinamitaría su esencia si, como temen algunos, la votación se perturba.

Desde su surgimiento, en los 90, los comicios del 23 de setiembre serán los primeros de carácter nacional en el que se enfrenten, por el control de la cúpula, los dos gremios pilares de la CTA: los docentes nucleados en CTERA y los estatales de ATE.

Las diferencias entre las dos líneas gestaron, en las últimas semanas -sobre todo en la oficialización de listas y en el diseño de la logística de la votación- un clima tenso que, según entienden desde los dos grupos, podría derivar en incidentes en la votación.

Hay, de hecho, antecedentes: en la votación de 2006, aunque hubo lista común a nivel nacional -la encabezó Yasky y Micheli fue uno de los dos adjuntos, el otro fue Pedro Wasiejko- en algunas provincias hubo competencia. En Chaco, por caso, no se pudieron contar los votos.

Frente a ese riesgo, las dos listas -la 1 y la 10- comenzaron a discutir un esquema para reducir, al mínimo, la posibilidad de incidentes e irregularidades. Para eso la alternativa que se explora es convocar a sindicalistas de centrales sudamericanas «amigas» de la CTA.

Ese punto crítico, que de producirse afectaría a los dos sectores mayoritarios por igual (hay otras tres listas, de partidos de izquierda, periféricas), es consecuencia de la disputa que tiene, además, otros aspectos complejos y polémicos.

La clave de la elección es la provincia de Buenos Aires con un padrón de 400 mil afiliados sobre un total de 1,3 millón. Allí se enfrentan Roberto Baradel (SUTEBA) y Hugo Godoy (ATE). Además de los padrones sindicales, en los últimos meses se habilitó la incorporación de organizaciones sociales: por el sector de Yasky ingresaron grupos piqueteros K, como el de Edgardo Depetri, que le sumaron 52 mil afiliaciones -Depetri arrimó 23 mil- mientras que el de Micheli acercó algo más de 8 mil, sobre todo aportados por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Juan Carlos Alderete. El segundo padrón en importancia es la Capital Federal, con 160 mil afiliados, seguido por Santa Fe, Jujuy y Neuquén.

La belicosidad de la elección y la particularidad de que se enfrenten dos bloques gremiales -estatales versus docentes- agrega otro riesgo: que luego de los comicios, el sector perdedor reduzca su participación en la CTA afectando, de hecho, su capacidad de movilización, de convocatoria, de financiamiento y de acción política. Los dos sectores niegan que, en caso de perder, vayan a actuar de ese modo pero las dudas persisten. Algunos datos son sugestivos: ATE modificó, meses atrás, su estatuto para que su aporte sindical a la central de la calle Piedras no sea automático. Esa «prevención» de los estatales que, en su mayoría, reportan a Víctor De Gennaro, aparece como un elemento complejo y alimentan las sospechas de cuál puede ser, si terminan derrotados, el compromiso de ATE.

Las acusaciones cruzadas sobre el vínculo, a favor o en contra, del Gobierno dieron lugar a un capítulo más espinoso: la relación con Hugo Moyano. Mientras el grupo de Micheli acusa a su competidor de contar con el apoyo del camionero y advierte que, al igual que la Casa Rosada y los intendentes del PJ, Moyano «colaborará» electoralmente con el docente, Yasky asegura que su relación con el jefe cegetista es de competencia y hasta advierte que el camionero no hace otra cosa que contribuir a la división de la CTA porque, como jefe de la CGT, le conviene que su central competidora se debilite. En el yaskismo arriesgan, incluso, que Moyano preferiría una CTA controlada por Micheli porque de ese modo tomaría un sesgo político, ligado a Pino Solanas, que deterioraría la presencia de la central como tribuna sindical.